El 17 de diciembre pasado, una vez terminado el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso, EL UNIVERSAL publicó como nota principal la noticia de que desde que Morena ocupó el poder en 2018, se han modificado 106 artículos de la Constitución Política (algunos de ellos en más de una ocasión), lo que representa un 70% del articulado, a través de 63 decretos de reforma (41 en el sexenio de López Obrador y 22 en el de Sheinbaum).
Más allá de los números, inéditos para un periodo similar, el dato revela la profundidad del cambio constitucional operado por el morenismo tanto por las materias modificadas como por la radicalidad con la que ocurrió. Entre otros, se reformó el marco normativo de la educación y de la energía (derogando los cambios que, en su momento, supuso el “Pacto por México”); se introdujo la Revocación de Mandato; se creó la Guardia Nacional, primero, y se militarizó totalmente la seguridad pública, después; se constitucionalizaron los programas sociales (desnaturalizándolos como mecanismos de política pública y convirtiéndolos en derechos en sí mismos); se aumentó dramáticamente el número de delitos en los que opera la inconvencional figura de la prisión preventiva oficiosa; se le dieron mayores facultades al Ejecutivo para manejar discrecionalmente el presupuesto; se desaparecieron diversos organismos constitucionales autónomos que el morenismo no había logrado cooptar y que, como mecanismos de control del poder, le resultaban incómodos a las aspiraciones de concentración y de abuso de poder en manos del Ejecutivo; se reformó al Poder Judicial para poder controlarlo políticamente a través de las elecciones de sus miembros y también se modificó sustancialmente al Amparo para reducir sus alcances y efectos como mecanismo de defensa de los derechos de las y los gobernados frente a los excesos del poder.
Se trata, visto en su conjunto de una monumental obra de devastación constitucional que debilitó profundamente el estado de derecho y muchos de los logros institucionales que trabajosamente se habían conseguido (y que sin duda resultaban insuficientes, pero no por ello dejaban de ser relevantes) durante el periodo de la transición democrática. Lejos de haber sido un mecanismo de mejora y perfeccionamiento de las normas rectoras de la vida nacional, como se supondría deben ser las modificaciones constitucionales, éstas fueron el instrumento de una preocupante destrucción de las instituciones y de los instrumentos jurídicos que se pactaron durante las últimas tres décadas.
Pero lo peor es que, al menos la tercera parte de esos cambios (todos los que se han realizado desde que, en verano de 2024, el oficialismo instauró de manera fraudulenta una mayoría calificada afín en las dos cámaras del Congreso, misma que no se obtuvo en las urnas sino por una interpretación sesgada de las reglas de la representación política, en un caso, y por prácticas mafiosas —venta de impunidad y de chantajes judiciales— en el otro), afectaron de manera grave la esencia de nuestra democracia constitucional y no fueron, como la doctrina constitucional presupone, pactados entre las principales fuerzas políticas, sino más bien impuestos arbitrariamente por el gobierno, su partido y sus aliados.
Así, la Constitución ha dejado de ser la expresión del pacto político fundamental de la sociedad, como debe ría ser su naturaleza normativa, para convertirse en el mecanismo mediante el que una parte de aquella se impone sobre las demás. La Constitución de este modo, se ha vuelto en una norma mediante la que el morenismo ejerce su poder y ha dejado de ser el espacio de garantías y protección común frente al ejercicio del poder.
En ese sentido, lo que el morenismo ha hecho es una especie de privatización de la Constitución, misma que ha dejado de ser el paraguas jurídico que nos sirve de casa común, de expresión programática colectiva de un país plural y diverso en el que esa diversidad es respetada y cobijada y en el que todas y todos nos reconocemos.
Así la Constitución ha dejado de ser “nuestra” (de todas y todos) para pasar a ser “suya” (del morenismo), al convertirla en un documento que ya no expresa un consenso social y político, sino única y exclusivamente una visión de parte del país (mayoritaria, pero no única) que es unilateral y excluyente y no convenida ni incluyente, como debería ser.