El pasado lunes, las y los consejeros del INE acudieron a la Secretaría de Gobernación para entregarle a Pablo Gómez, coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un documento con propuestas de cambios a la legislación en esa materia a partir de sus consideraciones técnicas. Entre otros planteamientos, subrayan la relevancia de proteger la autonomía del INE y la necesidad de garantizar su presupuesto mediante una fórmula que lo ancle al PIB.
No me detengo demasiado en el desafortunado simbolismo de que el evento haya ocurrido en la dependencia que, en las épocas del viejo autoritarismo —cuyas sombras se ciernen nuevamente sobre el país de manera renovada y reforzada—, era la encargada de organizar las elecciones como juez y parte de la contienda política y no en el Congreso que, se supone, es la casa de la pluralidad y de la representación popular (hasta Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas, subrayó el desatino).
Lo más grave fue que, precisamente en el acto protocolario de entrega del documento, Gómez les espetó en la cara a las y los consejeros del INE que él —ni más ni menos el encargado de redactar la propuesta de reforma del Ejecutivo— nunca ha estado de acuerdo con el uso del concepto de autonomía como una característica del INE, y que, si acaso, lo que debería establecerse es que debe ser independiente en sus decisiones.
Además, en relación con el planteamiento de garantizarle al INE los recursos suficientes para cumplir con su función constitucional, Gómez les recordó que la intención de la reforma va en sentido contrario, es decir, la de abaratar el costo del sistema electoral, INE incluido.
Dejo de lado el segundo punto y me centro en el primero. El razonamiento de Gómez partió del hecho de que “autonomía” es un concepto que implica “darse sus propias leyes” y que el INE, en cuanto órgano administrativo que es, no puede darse sus propias leyes. El razonamiento es equivocado, tanto por lo que hace al alcance teórico y etimológico del concepto de autonomía, como por el desconocimiento de las funciones que el mismo INE tiene encomendadas. Vamos por partes.
Primero, etimológicamente, el concepto de autonomía (como lo ha estudiado una larga tradición del pensamiento político que va de Kant a Kelsen y de este a Bobbio) viene de dos vocablos griegos: “autós”, que quiere decir “por sí mismo” y “nomos” que significa “norma”, pero también “ley” o “decisión”. De este modo, “autonomía”, sin duda, supone el “darse normas o leyes a sí mismo” (como señalaba con aire pontificador Gómez), pero también “decidir por sí mismo”.
De hecho, en el campo de la teoría política, el concepto de “autonomía”, como antónimo del de “heteronomía”, significa primordialmente la condición que tiene una persona o un ente de “decidir por sí mismo”, a diferencia del segundo, que supone la condición en la que “algo o alguien distinto decide por nosotros”.
De este modo, es y ha sido correcto pretender que el órgano electoral, además de ser independiente de los intereses de los partidos políticos, sea autónomo frente a los otros órganos del poder, de manera particular los órganos políticos, el Legislativo y el Ejecutivo (y, especial y fundamentalmente, frente a este último). El que las decisiones del INE (y antes del IFE) se tomen de manera autónoma significa, precisamente, que las mismas no deben ser decididas por otros poderes y que estos ni siquiera deben tener injerencia en ellas.
Pero además, también tiene sentido que el INE “se de sus propias normas” (el otro significado de autonomía); de hecho, eso ocurre con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, con el Reglamento de Elecciones, o con los cientos de reglamentos y normas generales que le corresponde tomar al Consejo General, con fundamento en sus atribuciones legales y constitucionales. Por supuesto, el INE no es un ente “autárquico” que no esté obligado a obedecer lo que la Constitución y las leyes emitidas por el Legislativo (siempre y cuando sean constitucionales) establecen como límites y fundamento de sus actuaciones, pero eso es otra cosa.
¡Aguas! No vaya a ser que con su reforma electoral el oficialismo vaya a querer arrebatarnos esa conquista democrática que es la autonomía del INE y…, ya entrados en gastos, después se sigan con la de la UNAM o la del Banco de México.
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav