Por el momento, la democracia mexicana en su dimensión electoral puede estar tranquila. El riesgo de desmantelamiento del sistema comicial que el morenismo ha pretendido insistentemente, desde que López Obrador presentó su primera fallida propuesta de reforma electoral en 2022, afortunadamente ha fracasado de nueva cuenta.
Desde el verano pasado la presidenta había venido planteando la inminente presentación de una reforma electoral que buscaba culminar la obra de destrucción de la democracia constitucional que el morenismo ha emprendido desde que llegó al poder en 2018. Sus ejes, insistió empecinada y reiteradamente, eran: a) abaratar el costo de las elecciones; b) disminuir el costo del INE; c) bajar el costo del sistema de partidos disminuyendo el financiamiento público; d) elegir mediante el voto popular a las consejerías del INE, y e) desaparecer las diputaciones y senadurías de representación proporcional, así como las senadurías de primera minoría.
Se trataba de un planteamiento que buscaba, como los anteriores intentos pretendidos por López Obrador: desmantelar las capacidades operativas del tan odiado INE; debilitarlo al reducirle sus facultades; establecer mediante la elección de sus consejerías un mecanismo para controlarlo políticamente, romper definitivamente con las condiciones de equidad en la competencia para darle a Morena una ventaja estructural frente a las oposiciones; así como modificar la manera en la que se eligen a las diputaciones y las senadurías para garantizarle al partido en el gobierno una sobrerrepresentación que les permitiera el control total del Congreso de la Unión y la posibilidad permanente de cambiar la Constitución cuando quisieran.
La idea de las reformas electorales pretendidas por el oficialismo era, para decirlo en pocas palabras, tomar el control total del órgano electoral y cambiar las reglas para que Morena siempre ganara las elecciones —por las buenas o por las malas— para perpetuarse en el poder.
Al final, la iniciativa presidencial que Sheinbaum presentó al Congreso hace algunas semanas resultó una versión chafa de sus predecesoras, un auténtico bodrio —no por ello menos peligroso—, que además fue construida sin el consenso de sus aliados, el PT y el PVEM. Eso la condenó al fracaso. La pretendida disminución del financiamiento público, la desaparición de la representación proporcional en el Senado y la intervención en el modo de designación de las diputaciones plurinominales, resultaron propuestas inaceptables para los aliados de Morena que, con su rechazo, la condenaron a no alcanzar los votos necesarios para ser aprobada.
Ante el descalabro, en un intento de rescatar lo que se pudiera, se planteó una nueva propuesta centrada en modificar las reglas de la Revocación de Mandato para empalmarla con las elecciones intermedias y permitirle a la presidenta hacer campaña en su favor con el descarado propósito de generar un efecto arrastre que beneficiara a las candidaturas de su partido. Ni si quiera eso pudieron conseguir. Con el rechazo del PT, el oficialismo tuvo que modificar el dictamen para salvar, al menos el resto de sus propuestas. Al final, lo aprobado se redujo a establecer que:
1. Los Municipios no puedan tener más de 15 regidurías para, según esto, ahorrar recursos;
2. El financiamiento que reciban los Congresos de los Estados no podrá ser mayor al 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente;
3. El Senado de la República deberá ajustar su presupuesto en los próximos cuatro años para lograr una disminución acumulada del 15%, y
4. Reducir las remuneraciones y prestaciones de los titulares y directivos de los órganos electorales del país (con la excepción de los magistrados del TEPJF —seguramente para premiarles la condescendencia y servilismo con el que se han conducido—).
Eso es todo…
Si eso no es un fracaso clamoroso, no sabría cómo llamarlo.
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