En días recientes ha vuelto a cobrar centralidad la reforma electoral que el gobierno de Sheinbaum presentará próximamente al Congreso de la Unión. No existe certeza aún de los contenidos específicos que contendrá esa iniciativa, pero los precedentes de las reformas pretendidas por el obradorismo y los propósitos repetidamente anunciados por la presidenta permiten anticipar que lo que se propondrá no será nada bueno para la democracia mexicana.
En efecto, los planteamientos de los fallidos planes A, B y C (éste último no concretado —aún— porque en el último año y medio se le dio prioridad a la reforma judicial, a la militarización de la seguridad pública y a la desaparición de los órganos autónomos), ponen en evidencia las verdaderas intenciones del morenismo en esta materia: a) sojuzgar políticamente al INE a los intereses del oficialismo y eliminar cualquier vestigio de autonomía e independencia; b) entregar el padrón electoral al gobierno; c) reducir y desarticular el Servicio Profesional Electoral; d) descuartizar la estructura desconcentrada del INE; e) permitir la intervención indiscriminada del gobierno en las elecciones; f) reducir y debilitar las capacidades sancionadoras del INE; g) disminuir el financiamiento público a los partidos y h) alterar los mecanismos de representación política para que Morena avasalle indebidamente los espacios en el Congreso.
Por otra parte, Sheinbaum ha insistido en que la reforma deberá: abaratar los costos de las elecciones, del INE y de los partidos, establecer la elección popular de las consejerías del INE, así como eliminar la representación proporcional y las senadurías de primera minoría.
Como parte de ese programa de desmantelamiento se ha venido planteando la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) bajo la premisa de que son innecesarios, costosos y que duplican las funciones a cargo del INE. En ese sentido se han pronunciado abiertamente, la presidenta, el coordinador de la Comisión de la Reforma Electoral y varios de los jerarcas del morenismo. En realidad, eso demuestra un profundo desconocimiento del sistema electoral que, de concretarse nos va a meter en graves problemas.
En realidad, los OPLE son necesarios, al menos, por las tres razones siguientes:
-Porque operan en jurisdicciones electorales diferentes a las del INE como son los distritos electorales locales (que son diferentes a los distritos electorales federales a cargo del órgano nacional) y los municipios. Pretender que el INE sustituya a los OPLE implicaría que aquél tuviera que crear estructuras que le permitieran la operación de las elecciones locales que hoy no están bajo su responsabilidad, lo que implicaría un crecimiento desmesurado de la autoridad nacional que, además de los Consejos Locales y Distritales (federales), ahora debería tener, además, Consejos Distritales (locales) para la elección de las diputaciones locales y Municipales para administrar los comicios de los Ayuntamientos.
Los problemas políticos estatales y municipales derivados de los comicios locales que hoy se dirimen en las entidades federativas, adquirían un peso e impacto nacional trascendiendo el ámbito estatal que ahora tienen. Así, los conflictos de una elección municipal podrían poner en riesgo las elecciones de todo el país porque no tendrían un espacio de contención y procesamiento local y serían responsabilidad de un órgano nacional como el INE.
Las elecciones por sistemas normativos internos (por “usos y costumbres”) que ahora están bajo la responsabilidad de los OPLE son distintos en cada entidad federativa e incluso llegan a ser diferentes al interior de cada una de ellas. La desaparición de esos órganos implicaría que el INE tuviera que hacerse cargo de todas esas elecciones, simultáneamente a los demás comicios locales, federales y hasta los de los juzgadores del país, lo que añadiría una complejidad operativa al sistema electoral imposible de ser resuelta en buenos términos.
Es falso, que los OPLE impliquen una duplicación de funciones y, en todo caso, en donde estas llegaran a existir simple y sencillamente habría que resolverlas caso por caso. Eliminar a los OPLE, sin más, es pretender resolver a machetazos una operación que más bien requeriría un análisis puntual y detallado de coordinación y de sinergias entre los órganos electorales del país.