La Revocación de Mandato (RM) es un mecanismo de democracia directa reconocido en apenas 23 países y, en la mayoría, opera únicamente para interrumpir mediante el voto popular el mandato de funcionarios locales (los más cercanos e inmediatos a los asuntos cotidianos de la ciudadanía), no el de los nacionales. Sólo en Venezuela, Bolivia, Ecuador y más recientemente, desde 2019, en México, esa figura puede ejercerse en el caso de las presidencias.
En principio la RM es asumida como un mecanismo de control del poder en manos de la ciudadanía que, ante una mala gestión del gobierno, se activa para determinar mediante el voto popular la terminación anticipada del encargo. Se trata, pues, de un mecanismo de control del poder que está pensado como un derecho del que pueden echar mano los opositores e inconformes de una administración para acortar el término de un mandato (el mismo nombre del instrumento “Revocación de Mandato”, lo supone).
Sin embargo, los gobiernos con fuerte esencia populista, esos en los que los gobernantes están todo el tiempo en campaña y que viven de estimular permanentemente la movilización popular, han pretendido utilizar esa figura, al revés, como un instrumento de poder. Así, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y luego López Obrador, vieron en la oportunidad de conviertir esa figura en un mecanismo de convalidación plebiscitaria de sus gobiernos.
Ahí radica la trampa: convertir algo que, en principio, debería ser un derecho de quienes están en contra de un gobierno (el de poder revocarlo), en un mecanismo de ejercicio y acrecentamiento del poder en manos de los gobernantes (al volverlo una ratificación).
Que la RM sea un derecho de quienes están contra un gobierno y no de sus defensores lo dice la misma Constitución al establecer que es “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza” (Tercer artículo Transitorio del decreto por el que se creó esa figura en diciembre de 2019).
Sin embargo, desde la ley reglamentaria en la materia se construyó la trampa populista al establecer que la pregunta que debe someterse a votación debe decir: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
La última parte de la pregunta, que convierte al ejercicio en una ratificación, se impugnó ante la SCJN y aunque siete ministros la consideraron inconstitucional, no se alcanzaron los ocho votos requeridos para revocarla. El voto definitivo que permitió que la artimaña se concretara lo dio (¡sorpresa!) el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que ya desde entonces operaba políticamente en favor del oficialismo.
La intencionalidad política, además, es evidente si se piensa que en la iniciativa con la que se creaba esa figura, López Obrador originalmente proponía que la RM coincidiera con las elecciones intermedias (lo mismo que hoy pretende Sheinbaum). Fue la oposición la que, entonces, condicionó que la RM, en caso de llevarse a cabo, se realizara hasta el cuarto año de gobierno.
El morenismo siempre ha concebido a la RM como un mecanismo de propaganda del gobierno y no como un derecho de las oposiciones para acotar y controlar el poder. Por eso, los morenistas fueron en su momento los más empecinados en establecer esa figura y han sido ellos, nadie más, los que tercamente han insistido en que ese ejercicio se lleve a cabo bajo.
Eso explica la renovada obstinación de pretender empalmar la RM con las elecciones intermedias. Lo que se busca es cínico y evidente: convertir a la Presidencia en la principal propagandista de las campañas del oficialismo, trastocando con ello la equidad en la competencia, aunque lo nieguen.
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