Casarse ya no es lo que era. Al menos no para una parte importante de la sociedad. Las cifras del INEGI lo confirman: cada año hay menos matrimonios y más divorcios. Mientras que casarse se ha vuelto una decisión cada vez menos frecuente, separarse es hoy un trámite común, casi cotidiano.

En ese contexto apareció en el Congreso de Jalisco una propuesta que, aunque todavía no ha sido aprobada y quizá nunca lo sea, vale la pena pensar con calma: el matrimonio por tiempo determinado. La idea es sencilla y, por eso mismo, provocadora. Dos personas podrían casarse por un plazo previamente acordado —de dos a cinco años— y llegado el momento, decidir si renuevan el vínculo o lo dejan extinguirse automáticamente, sin juicio de divorcio de por medio.

No se trata de eliminar el matrimonio tradicional ni de imponer una nueva forma de vida en pareja. Es, en el papel, una alternativa más. Un punto medio entre el matrimonio indefinido de toda la vida y el concubinato, que hoy es la opción elegida por millones de parejas precisamente porque evita trámites largos, juicios costosos y un desgaste emocional que muchas veces acompaña el divorcio.

Vista desde esa óptica, la propuesta tiene un atractivo evidente. Permitiría que las parejas accedan desde el primer día a derechos que hoy, en muchos casos, solo se reconocen después de años de convivencia: seguridad social, reconocimiento legal, protección patrimonial, presunciones de paternidad. En distintos códigos civiles, el concubinato exige probar una temporalidad mínima para acceder a ciertos derechos. El matrimonio temporal eliminaría esa espera.

Sin embargo, conviene decirlo con claridad: esta iniciativa no nace necesariamente de una visión vanguardista del derecho de familia ni de una lectura neutral de la realidad social. El propio proyecto deja ver un juicio implícito sobre el concubinato, al que se presenta como una opción informal o deficiente, y desde ahí se busca “encauzar” a las parejas hacia el matrimonio, aunque sea en una versión temporal. La lógica parece menos orientada a ampliar libertades y más a corregir conductas, bajo la premisa de que casarse —de cualquier forma— es preferible a vivir en unión libre. Ese enfoque no deja de ser estigmatizante, pues parte de la idea de que el concubinato es un problema a resolver y no una decisión legítima que millones de personas han tomado de manera consciente.

Más allá de esa intención, la propuesta abre interrogantes importantes. ¿Qué pasaría si durante un matrimonio temporal nacen hijas o hijos? ¿Bastaría el simple vencimiento del plazo para dar por terminada la relación o la existencia de menores exigiría reglas distintas? ¿Qué ocurre si una persona quiere renovar el matrimonio y la otra persona no? ¿Se extingue el vínculo de todos modos, aun cuando una de las partes quede en una posición de mayor vulnerabilidad?

Otro punto relevante es que el proyecto limita los regímenes patrimoniales bajo los cuales podría celebrarse este tipo de matrimonio, lo que reduce el margen de elección respecto del matrimonio tradicional. Es decir, no todo queda en manos de la libre decisión de los contrayentes.

Aun con estas tensiones, la propuesta pone sobre la mesa una realidad que el derecho ya no puede ignorar: las relaciones afectivas han cambiado. La idea del “para siempre” sigue siendo válida para muchas personas, pero no para todas. Y cuando la ley insiste en un solo modelo, corre el riesgo de alejarse de la vida cotidiana.

Tal vez esta iniciativa no prospere. Tal vez termine archivada como una idea polémica o incómoda. Pero incluso así cumple una función valiosa: obligarnos a repensar qué entendemos hoy por familia.

Durante décadas se asumió que la familia era, casi exclusivamente, el matrimonio tradicional con hijos. Sin embargo, la realidad social es mucho más amplia y diversa. Hoy existen familias monoparentales, reconstituidas, parejas sin hijos, uniones de hecho y múltiples formas de convivencia que no encajan en un solo molde. La familia, más que una fórmula jurídica rígida, es una realidad social viva, cambiante y plural.

En ese contexto, el matrimonio no es la familia en sí misma, sino una de las formas posibles de constituirla. Ni la única ni necesariamente la más adecuada para todas las personas. Pensar en alternativas como el matrimonio por tiempo determinado no implica debilitar al matrimonio tradicional, sino reconocer que no todas las historias afectivas se escriben igual.

Quizá el mayor mérito de la propuesta no esté en su aprobación o rechazo, sino en abrir la conversación. En aceptar que el derecho, si quiere seguir siendo útil, debe mirar con atención la manera en que hoy las personas se aman, conviven y deciden —o no— formar una familia.

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