La amenaza lanzada por Donald Trump contra Cuba no es un desliz retórico ni una advertencia improvisada. Es una decisión política calculada, coherente con una presidencia que concibe la política exterior como un ejercicio de presión directa y de subordinación económica. La exigencia de que Venezuela deje de enviar petróleo a la isla busca provocar un colapso energético que acelere un desenlace político largamente deseado por Washington. Pero reducir el conflicto a la inminente “caída del castrismo” es una simplificación cómoda y profundamente engañosa.
Cuba atraviesa hoy una crisis energética severa. Apagones prolongados, paralización industrial y escasez de combustibles forman parte de la vida cotidiana. La disminución del suministro venezolano ha agravado una fragilidad estructural que no es nueva, pero sí cada vez más visible. Frente a ello, Díaz-Canel ha insistido en que el embargo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas es el factor central de la asfixia económica. No se trata de una explicación oficialista: es la constatación de que la coerción prolongada ha moldeado el destino económico de la isla durante generaciones. De ahí el tono beligerante de su discurso, al afirmar que Cuba está dispuesta a defenderse “hasta la última gota de sangre”. No es retórica épica: es la respuesta clásica de un Estado sometido a presión extrema.
La estrategia, sin embargo, no es nueva. Desde el siglo XIX, Cuba ha sido concebida por Estados Unidos como parte natural de su esfera de influencia. John Quincy Adams hablaba ya en 1823 de la isla como una “fruta madura” destinada a caer inevitablemente en manos estadounidenses una vez separada de España. Dos siglos después, el lenguaje ha cambiado, pero la lógica persiste: presión económica, aislamiento diplomático y la expectativa de que el desgaste material produzca una rendición política. Lo que hoy se presenta como una disputa energética es, en realidad, la actualización de una obsesión geopolítica de larga duración.
En este escenario emerge un actor incómodo para Washington: México. En los hechos, nuestro país se ha convertido en uno de los principales proveedores de petróleo para Cuba, contribuyendo a mitigar parcialmente la crisis energética de la isla. Esta decisión no es neutra. Coloca a la política exterior mexicana en una tensión evidente: por un lado, una tradición histórica, desde Luis Echeverría, de suministrar crudo a Cuba en condiciones preferenciales; por otro, una relación económica profundamente asimétrica con Estados Unidos, su principal socio comercial.
Pensar que esta situación pasará inadvertida para Trump sería ingenuo. Su gobierno ya ha demostrado que está dispuesto a utilizar aranceles, amenazas comerciales y condicionamientos políticos para moldear el comportamiento de otros Estados. México lo sabe bien: migración, comercio, cooperación en materia de seguridad y “extradiciones” han sido terrenos donde la presión estadounidense ha producido resultados. Cuba puede convertirse en el siguiente expediente. La pregunta ya no es si habrá presión, sino cuándo y con qué intensidad.
Conviene, además, formular una pregunta profunda: por qué Cuba sigue siendo relevante para Estados Unidos, no por su economía ni por sus recursos naturales, sino por su valor estratégico y simbólico. La isla ocupa una posición clave en el Caribe y sigue siendo un recordatorio incómodo de los límites del poder estadounidense en su propio hemisferio. Asfixiar energéticamente a Cuba no es solo una medida económica: es un mensaje político.
México tendrá que decidir si acepta, una vez más, que su política exterior sea guiada por Washington o si asume el costo de sostener una posición soberana. En cualquier caso, el petróleo es apenas el instrumento. Lo que realmente está en juego es algo más profundo: si América Latina seguirá siendo un tablero donde se ejecutan presiones unilaterales o si, finalmente, sus Estados se atreverán a decidir por sí mismos el curso de su historia.