El Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia de enfermedad generada por el COVID19 deliberadamente omite mencionar la pandemia como una contingencia sanitaria. Con ello se busca evitar las consecuencias de disminución de salarios previstas en la Ley Federal del Trabajo que limita la obligación patronal al pago de una indemnización equivalente a un salario mínimo por un máximo de 30 días. Es decir, no se está decretando una contingencia sanitaria, se trata de una declaración de suspensión de labores por causa de fuerza mayor.
El tema de fondo no es que se cierren o no las empresas que desempeñan actividades no esenciales, eso seguramente se hará, el tema son las obligaciones con las que queda el patrón a cargo. Cuando se decreta una contingencia sanitaria, las relaciones laborales se suspenden, no se trabaja en las actividades no esenciales y por ende no se pagan sueldos, lo que se paga en su lugar es una indemnización equivalente a un salario mínimo por un máximo de 30 días.
En la conferencia de prensa donde el gobierno dio a conocer este acuerdo, el propio Marcelo Ebrard, a pregunta expresa, contestó que no se puede reducir salario a los trabajadores porque no estamos ante una declaratoria de contingencia como la que señala la Ley Federal del Trabajo y enfatizó que los trabajadores deben recibir el 100% de su salario este mes o de lo contrario habrá sanciones para los patrones.
Si bien es entendible y plausible que un gobierno de izquierda busque proteger a los trabajadores, hacerlo sin pensar en los patrones y en la situación de las empresas es una enorme irresponsabilidad que traerá consecuencias nefastas para todos, incluidos ellos. Para que esos trabajadores puedan no sólo tener su sueldo íntegro por el mes de abril sino conservar sus empleos, es urgente que el gobierno dicte un paquete de medidas de mitigación al impacto económico de la pandemia, que permitan proteger al trabajador a través de hacer sostenibles las empresas, es decir, que ayuden a las empresas y a los patrones a enfrentar la situación Así se ha hecho en muchos otros países en los que sus gobiernos entienden que preservar los empleo pasa por la conservación de la fuerza empresarial. Incluso la propia OCDE ha recomendado una serie de medidas emergentes de carácter fiscal a los gobiernos, a fin de evitar que se profundice la crisis.
Todas las cámaras empresariales, el Consejo Coordinador Empresaria, Concamin, Canacintra, entre otras, han solicitado a las autoridades que dicten medidas, sin que éstas hagan el menor caso. Una vez más, el presidente polariza a la sociedad y responde confrontando y dividiendo. Esta vez afirmó que no van a rescatar a los de arriba, sino al pueblo, sin entender que en este barco vamos todos y que las consecuencias económicas de la pandemia serán de tal magnitud que difícilmente alguien se salvará de verse impactado.
La cancelación de actividades y el aislamiento pone a muchas empresas que ya venían pasando dificultades en una situación crítica, principalmente a las PYMES que generan en nuestro país más del 90% del empleo formal. Obligarlas a pagar salarios completos sin establecer mecanismos de apoyo es, en muchos casos, crónica de una muerte anunciada que puede orillarlas a declararse en quiebra, lo cual dejaría de manera permanente a mucha gente sin empleo, deteriorando las condiciones del país, en general.
Sin duda en estos tiempos, en todos los sectores debe prevalecer la solidaridad, la creatividad y la responsabilidad social para poder salvaguardar la mayor parte de nuestra fuerza laboral y ayudar a la subsistencia de fuentes de trabajo, pero es urgente que el Gobierno Federal haga su parte e implemente medidas y programas de apoyo como se viene haciendo en otros países, con énfasis en la pequeña y mediana empresa.
Abogada y consultora
@lialimon
