En los últimos meses la relación entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores de oposición se ha caracterizado por la falta de apoyo para enfrentar la pandemia y otras situaciones complejas, en el mejor de los casos, o por una confrontación y amenazas veladas que dividen y polarizan más al país. Los gobernadores argumentan con razón no ser súbditos del presidente y este toma cualquier cuestionamiento como una afrenta.
El caso más destacado ha sido Jalisco que se sumó al bloque de gobernadores del noreste que han cuestionado públicamente el pacto fiscal, por considerar que sus estados aportan a la federación mucho más de lo que reciben de ésta. En dicha entidad, tras las diferencias públicas de Alfaro con las decisiones del gobierno federal y con la falta de entrega de recursos para enfrentar la pandemia, López Obrador le organizó una manifestación de porros simpatizantes de la 4T acusando al gobierno de represor por la muerte de un joven en manos de un política municipal, que casualmente había sucedido un mes antes sin que la federación se hubiese percatado. Es evidente la molestia de AMLO y su intención de intimidar a Alfaro, quien tuvo el valor de levantar la voz e incluso de diferir de los datos de contagios que maneja la federación y criticar, por ejemplo, su semáforo epidemiológico.
Por su parte, el bloque de gobernadores panistas difundieron recientemente un video en defensa del “federalismo, los contrapesos y la libertad para gobernar desde lo local con soberanía política y suficiencia económica mediante un nuevo pacto fiscal”. Por primera vez desde tiempos de Fox en que se creó la CONAGO, los gobernadores se organizan para cuestionar abiertamente la fórmula de distribución de recursos y reclamar respeto a su soberanía. Ni las amenazas y chantaje del presidente en las mañaneras, ni los intentos por alebrestarles el gallinero organizándoles manifestaciones, han mermado en su ánimo de defenderse y poner límites a un ejercicio autoritario del poder que pretende borrarlos del mapa.
Esta reacción de los gobernadores también tiene que ver con la falta de entrega de recursos e insumos por parte del gobierno federal para la atención de la pandemia en las entidades, o la mala calidad de los mismos, acentuado, por supuesto, en los estados de oposición.
Por otro lado, en la tragedia, el Gobierno Federal brilla por su ausencia. Ante las graves inundaciones en Yucatán de los pasados días nadie de la federación hizo presencia ni envió apoyos. Colonias completas se fueron al agua, comunidades que lo perdieron todo, incluidas sus cosechas, pero AMLO y su gobierno ni sus luces. En esos días asistió al sureste sólo para inaugurar el tren maya, pero esquivando el paso por donde se le necesitaba, a donde tampoco mandó un solo peso del FONDEN.
Por último, en cuanto a la estrategia de la federación en materia de seguridad, el gobierno de Michoacán ya la cuestionó promoviendo ante la Suprema Corte una controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial emitido el 11 de mayo que faculta a las fuerzas armadas para apoyar las tareas de seguridad pública.
Si bien es cierto que en muchas ocasiones de nuestro pasado reciente han habido tensiones y diferencias entre autoridades federales y estatales de distinta extracción partidista, nunca antes había llegado a estos niveles generados por un estilo peculiar de gobernar que confronta, descalifica y polariza constantemente. Lamentablemente, las peores consecuencias no las padecen los gobiernos sino los ciudadanos de estados de oposición por cuyo bienestar el presidente también prometió velar.
@lialimon
Consultora y abogada
