La decisión de López Obrador de llevar a cabo la vacunación contra el COVID en los 10 mil centros de bienestar de todo el país, en lugar de seguir los protocolos y hacerlo en los centros de salud es una estrategia irresponsable ante la epidemia más grave que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años.
Primero, la definición de a quien vacunar no debiera tomarse con base en los padrones de quienes reciben apoyos de los programas de bienestar, esa es una acción electorera, populista y de manipulación de cara a las elecciones del 2021. Vacunar de manera gratuita a la población que no puede pagar está muy bien, pero no tiene lógica empezar por las zonas rurales más alejadas porque es donde menos contagios hay. Su aplicación debiera iniciarse en las zonas urbanas de mayor densidad poblacional donde hay más contagios y es más urgente contener el virus.
Segundo, el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) en el que participaban todas las instituciones de salud, algunos representantes de los estados y expertos, es la instancia encargada de definir la política y protocolos en la materia y emitir cada año los lineamientos para su aplicación y en este caso ha estado ausente y no ha sido convocado a sesionar ni éste ni los grupos de trabajo que de él emanan. Esta vacuna requiere de un protocolo de aplicación que tendría que definir dicho consejo, no convocarlo ni tomarlo en cuenta es una muestra más del desprecio que el presidente tiene por las instituciones. México tenía un sistema de vacunación eficaz que logró controlar diversas enfermedades. Desdeñarlo refleja soberbia e ignorancia y representa una agresión al ya golpeado gremio de atención a la salud.
Tercero, las brigadas que se encargarán de aplicar la vacuna están conformadas por doce personas de las cuales solo dos forman parte del sector salud, cuando las brigadas normalmente estaban compuestas por enfermeras y voluntarios. Cabe señalar que desde el año pasado quitaron el dinero del capítulo 4,000 para contratación de personal de vacunación vía el seguro popular llamado “apoyos voluntarios” y que se utilizaba para las tres semanas nacionales de salud que se hacían al año y que fueron reducidas a una sola. La consecuencia de esta decisión será que en la aplicación de la vacuna contra el COVID no se cuente con el personal adecuado.
Cuarto, aplicar la vacuna en los centros de bienestar cuando se tienen centros de salud en todo el país es una decisión errónea, pues éstos no están diseñados para aplicar vacunas sino para repartir despensas y entregar apoyos. Dejar la vacuna, que es la esperanza para combatir esta epidemia, en manos de operadores electorales de Morena es negligencia e improvisación en un asunto de seguridad nacional sin medir las consecuencias.
Por último, además de que en estos dos años no se ha invertido un solo peso en mejorar la red de frío, fundamental para la conservación de las vacunas (los refrigeradores para llevarlas), cabe preguntar si los operadores de los centros de bienestar saben cómo se mantiene y opera esta red para mantener la vacuna a una temperatura adecuada. Si la vacuna no se almacena y aplica correctamente puede perder su efectividad, es decir, la decisión que está tomando el presidente puede echar a perder el trabajo y esfuerzo de los científicos e investigadores en el mundo que lograron hacer esta vacuna, obstaculizar la contención del virus y que éste siga cobrando vidas humanas. Pareciera que a López Obrador le importan más los votos en el 2021 que la vida de los mexicanos.
Consultora y directora de LIMA Diversidad e Inclusión
