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El silencio de la CNDH ante la crisis de salud

Las reformas aprobadas en noviembre que crean el Insabi daban pie a que la CNDH presentara una acción de inconstitucionalidad, principalmente por dos elementos van contra el principio de progresividad de derechos
16/01/2020
03:36
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Recientemente la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció la creación de una oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas durante el periodo conocido como “la Guerra sucia”, pero sobre las recientes violaciones al derecho a la salud ha hecho mutis.

Coincido en que conocer la verdad histórica es un derecho de las víctimas. Sin embargo, llama la atención que hechos que ya prescribieron y que por ello ya no pueden ser sancionados sean los que ocupen la atención de la presidenta de este organismo y definan sus primeras acciones a dos meses de ocupar el cargo. Más aún tomando en cuenta que gracias a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla se avanzó en conocer la verdad histórica y en cubrir las indemnizaciones correspondientes a la reparación a víctimas de estos hechos.

Tenemos en cambio otros temas en la agenda sobre los que Rosario Piedra debiera ya haber reaccionado a fin de cumplir con su mandato de proteger y defender los derechos humanos de la ciudadanía. Uno de ellos, el más apremiante quizás, es la crisis de atención a la salud que estamos viviendo con las reformas legislativas de noviembre pasado y la atropellada puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar donde han habido violaciones al derecho a la salud ante las cuales la CNDH, en lugar de hacer uso de sus facultades y dictar medidas cautelares o iniciar una investigación, ha preferido callar.

Esto refleja que las prioridades de la CNDH no están en defender y proteger a los ciudadanos ante violaciones que suceden hoy. De hecho, las reformas aprobadas en noviembre que crean el Insabi daban pie a que la CNDH presentara una acción de inconstitucionalidad, principalmente por dos elementos que contravienen el principio de progresividad de derechos:

La eliminación de la arquitectura financiera que existía en la ley y garantizaba la obligación fiscal del Estado en materia de salud. Las reformas del 2003 homologaban la fórmula de asignación de presupuesto que tenían el IMSS y el ISSSTE para el seguro popular. Gracias a ello se lograron los mayores aumentos en el presupuesto público de salud en la historia (entre el 2003 y 2015 creció cuatro veces). La transferencia a los estados para la operación del sistema iba mas allá de filias, afinidad política y fobias. Hoy regresamos al esquema discrecional de hace décadas y el nuevo sistema genera la incertidumbre en el presupuesto que se había logrado superar, eliminando la posibilidad de garantizar un derecho y caminar hacia un esquema de salud universal. No importa lo que el presidente diga en su discurso, en los hechos ya hay un recorte en términos reales en el presupuesto de salud de este año y así seguirá sucediendo en tanto no se restablezca una formula que obligue al Estado.

La eliminación del fondo para gastos catastróficos, un fondo de reserva para gastos en medicina de alta especialidad que se fue acumulando a nombre y cuenta de los beneficiarios del seguro en un fideicomiso especial. Las reformas a la ley eliminan este fondo y limitan la responsabilidad del Estado a la atención de primer y segundo nivel, dejando de cubrir la alta especialidad y obligando a la gente que requiera estos servicios a pagar por ellos. El ejercicio de un derecho dependerá de la disponibilidad y de decisiones discrecionales. Lo que se había logrado es dar herramientas a los ciudadanos para hacer esos derechos exigibles que hoy se han eliminado en la ley. Un niño con leucemia que antes era atendido en el seguro popular hoy no tiene posibilidades de sobrevivir si sus padres están entre el 30% más pobre de la población y no cuentan con seguridad social.

Estos elementos que son parte de la reforma de salud, aunados a las quejas específicas por el desastroso arranque del Insabi, exigen la actuación de una CNDH a la que estamos viendo paralizada. Pareciera el principio del fin, en los hechos, de esta institución.
 

Lía Limón García
Abogada. Diputada del PVEM por la LXIII Legislatura

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