En días pasados, Luis Echeverría llegó a los 100 años. Se van a cumplir 46 de que terminó su mandato y el juicio, ya no sumario, sino reposado, es que lo sucedido el Jueves de Corpus lo seguirá persiguiendo por el resto de su vida. Esto, aunado a la oscura noche de Tlatelolco, respecto de la que —aunque Díaz Ordaz se haya hecho responsable— Echeverría sigue llevando una carga adicional.

Revisando el sexenio, no puede pasar desapercibido que 1975, un año antes de que Echeverría concluyera su mandato, fue declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la Mujer. México solicitó ser sede de la Primera Conferencia Mundial, compitiendo con Australia e Irán después de que Colombia declinó.

Como preámbulo, y de una manera que las feministas de entonces consideraron inesperada, en diciembre de 1974 Echeverría presentó una iniciativa de adición al artículo 4º constitucional para colocar dos párrafos de gran trascendencia para los derechos de las mujeres: la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos.

Mujeres de izquierda consideraron que Echeverría estaba aprovechando para lucimiento personal y para sus aspiraciones a un espacio en el plano internacional, las demandas históricas del movimiento feminista. Algunas se mantuvieron en resistencia frente al foro y otras decidieron participar junto a las llamadas oficialistas.

A la Conferencia asistieron representantes de 133 países del mundo. 113 enviaron mujeres como cabezas de la Delegación. Desafortunadamente, Echeverría designó al Procurador Ojeda Paullada como organizador y cabeza de la delegación. Gloria Brasdefer fue Delegada Adjunta. Desde la cancillería estuvo el trabajo poco valorado por discreto de Aída González. Ojalá pronto se rescaten fuentes documentales para darle el reconocimiento que merece la Embajadora.

De acuerdo con la resolución de Naciones Unidas, las metas a cumplir en la Conferencia eran: promover la igualdad entre hombres y mujeres; asegurar la integración plena de la mujer en la totalidad del esfuerzo en favor del desarrollo; reconocer la importancia de la creciente contribución de la mujer al desarrollo de las relaciones de amistad de la cooperación entre los Estados y, por último, el fortalecimiento de la paz mundial.

La Conferencia de México dio lugar al establecimiento del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer que tendría como objetivo proporcionar el marco institucional para la investigación, capacitación y las actividades operacionales en la esfera de las mujeres y el desarrollo. Asimismo, de las conclusiones de la Conferencia surgió la iniciativa de elaborar una Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW), misma que fue adoptada en 1979. En el diseño de la Convención también participó la embajadora Aída González, quien después fue integrante del Comité.

A la Conferencia de México siguió la de Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 y finalmente Beijing en 1995. A esta última asistieron 189 países que adoptaron la declaración y plataforma de acción, misma que fue revisada 25 años más tarde para llegar al Foro Generación Igualdad en 2021.

Por fortuna, muchas de las feministas que estuvieron en aquel ya lejano 75, y que estuvieron colocadas en distintos bandos, pueden narrar su experiencia: Marta Lamas, Sara Lovera, Patricia Kurczyn, María Antonieta Rascón, Dulce María Pascual, Carmen Lugo, entre otras.

Cualesquiera que hayan sido los móviles de Echeverría para que se realizara aquí la Conferencia, 1975 se convirtió en un parteaguas para los derechos de las mujeres. En el ámbito jurídico lo que siguió fue la revisión de códigos y leyes que mantenían esquemas de subordinación o exclusión de las mujeres. Los resultados de esos cambios son los que el Comité CEDAW sigue midiendo periódicamente junto con la instrumentación de políticas públicas y avances que se dan en sede judicial.

Independientemente de cómo Echeverría haya sido juzgado por la historia, 1975 puede ser considerado el año que salvó al sexenio.



Experta CEDAW/ONU