La Presidenta envió al Congreso de la Unión la iniciativa para homologar el tipo penal del feminicidio que, hasta ahora, tiene variantes en cada uno de los estados de la República. La homologación ha sido una petición reiterada hecha desde organismos internacionales como una forma de buscar mayor eficacia para la sanción de un delito que, desde hace ya más de treinta años, se presenta sistemáticamente contra las mujeres en México. Desde que la Corte Interamericana conoció del Campo Algodonero se identificó el patrón, se hicieron visibles las vulnerabilidades y se establecieron medidas concretas de prevención, castigo y reparación. Específicamente se ordenó tipificar el feminicidio como delito autónomo.
Para cuando la Corte Interamericana resolvió el caso en 2009, los asesinatos de mujeres se habían extendido por gran parte del territorio nacional. El primer estado en tipificar el feminicidio fue Guerrero en 2010. Tres años antes, en 2007, el Congreso Mexicano había expedido la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que recogía los lineamientos fijados en la Convención de Belém Do Pará y colocaba la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones como tema de la agenda pública.
Los avances legislativos han sido muy importantes, pero no suficientes. Los feminicidios continúan dándose ahora de manera exponencial. Han surgido figuras muy importantes dentro de la sociedad civil que han documentado el horror, como los esfuerzos de María Salguero que a partir de la nota roja ha ido nombrando y ubicando caso por caso. Muchas madres de mujeres asesinadas también fueron alzando la voz y se convirtieron en presencias incómodas en los ministerios públicos y/o fiscalías. Se volvieron coadyuvantes y vigilaron día a día el avance de las investigaciones que normalmente, después de iniciadas, se quedan inmóviles en algún cajón o acumulando polvo sobre algún escritorio.
El verdadero impulso procesal lo dan los familiares de las víctimas que comienzan a manejar términos jurídicos y a familiarizarse con el ambiente hostil de las fiscalías y los juzgados; empiezan a identificar el pacto patriarcal entre los funcionarios; a sentir la revictimización que las afecta a ellas y a sus hijas. Porque el tema de fondo es que han cambiado mucho las leyes, pero no tanto la actitud ni en las policías, ni en las fiscalías, ni en los juzgados. Se dan cursos de perspectiva de género en todos los niveles, pero la resistencia sigue ahí y los niveles de impunidad siguen siendo altísimos. Ese es el reto mayor que hemos tenido antes y ahora.
Después de Campo Algodonero, han llegado a la Corte Interamericana otros casos de violencia contra las mujeres en México. El de Digna Ochoa que en la Ciudad de México se cerró como suicidio, mostró todas las deficiencias en la investigación. Lo mismo en casos de resolución reciente como el de Alejandra García Andrade y Ernestina Ascencio Rosario.
Todo el tiempo escuchamos o leemos nuevos nombres de mujeres asesinadas. Pocas veces conocemos los nombres de los perpetradores porque la justicia, generalmente, no los alcanza y el reto está ahí. Sigue siendo urgente que se dé con los responsables; que también ellos tengan nombre y rostro y que las sanciones impuestas sean el verdadero factor inhibitorio. Mientras la impunidad cobije a los perpetradores, el aumento de las penas no tendrá ninguna fuerza disuasiva real.
Catedrática de la UNAM. @leticia_bonifaz