¿Un feminicidio se puede prevenir?
La respuesta incómoda, pero necesaria, es sí. Y el caso de Teresa y Cindy lo demuestra con una crudeza que debería incomodarnos colectivamente.
Fueron asesinadas en Cuautitlán Izcalli. No por sorpresa. No por azar. No por un “hecho aislado”. Su feminicidio fue la consecuencia de una violencia anunciada, conocida y documentada. Cindy había denunciado. Había antecedentes. Había riesgo. Y aun así, el Estado decidió no actuar.
Cada vez que una mujer denuncia violencia y no se dictan medidas de protección reales, el mensaje institucional es devastador: arréglatelas sola. No se trata de una falla técnica ni de un error administrativo; se trata de una omisión que coloca a las mujeres en una situación de abandono absoluto frente a la violencia que viven.
El discurso oficial suele aparecer después, cuando ya es demasiado tarde: “no se podía hacer nada”, “no había suficientes elementos”, “se están investigando los hechos”. Pero esa narrativa es falsa. La prevención del feminicidio no empieza con el castigo, empieza mucho antes: con atención inmediata, con análisis de riesgo serios, con órdenes de protección efectivas y con seguimiento institucional. Todo eso existía como posibilidad en el caso de Teresa y Cindy. Nada de eso ocurrió.
Decir que el feminicidio es inevitable es una forma cómoda de evadir responsabilidades. El feminicidio es la última escalada de violencia que viven las mujeres y también sus hijas, hijos y personas cercanas. Antes hay amenazas, golpes, control, miedo, denuncias ignoradas y expedientes archivados. Por eso sí se puede prevenir: porque la violencia no surge de la nada, se construye ante la mirada pasiva, cuando no cómplice de las instituciones.
Y mientras tanto, el debate público parece ir por otro lado. Nos desgarramos discutiendo la reforma electoral, la arquitectura institucional de la democracia, la división de poderes. Pero hay una contradicción brutal que rara vez se nombra: ¿cómo pensamos una democracia sin mujeres? ¿Cómo se defiende el voto cuando muchas niñas y adolescentes no alcanzan a ejercerlo porque son asesinadas antes de cumplir la mayoría de edad?
No hay democracia posible cuando el Estado es incapaz de garantizar la vida. No hay participación política real cuando a las mujeres se nos mata en nuestras casas, aun después de denunciar. Discutir reglas electorales mientras se tolera la violencia feminicida no es un debate sofisticado: es una paradoja profundamente violenta.
Teresa y Cindy no murieron. Las dejaron morir. Y mientras el Estado siga tratando las denuncias de violencia como trámites incómodos y no como alertas urgentes, ninguna mujer estará realmente a salvo.
Hablar de esto no es politizar la violencia. Es nombrar la omisión. Es exigir justicia. Y es recordar que la prevención no es un favor: es una obligación básica de cualquier Estado que se diga democrático.