La reforma y la elección judicial han sido, sin exagerar, de las peores decisiones que le han ocurrido a nuestro Estado de derecho. Sus efectos no solo son inmediatos: nos perseguirán durante años. Uno de los más graves es que el Poder Judicial, en particular el federal, arrastrará un problema estructural de legitimidad. Un daño que no se corrige con discursos progresistas ni con promesas simbólicas: la institución quedó marcada, y esa impronta no desaparece por mera buena voluntad.
Esta semana lo vimos con claridad. Diversos escándalos sacudieron a la Corte y desplazaron del debate público asuntos de enorme relevancia jurídica y social. La discusión sobre la cosa juzgada, el actuar de la ministra Batres, las camionetas adquiridas con placas de Morelos, así como el retrato de la llamada “ministra del pueblo”, ocuparon titulares y conversaciones, mientras quedaron prácticamente invisibilizadas resoluciones fundamentales: el reconocimiento del derecho de niñas, niños y adolescentes a conocer su origen biológico; la protección frente a la revictimización en juicios de violencia familiar y abuso sexual; o la obligación del Estado de indemnizar a las víctimas por abusos y errores del Ministerio Público.
Todo esto fue opacado por escándalos y actitudes que, además, alimentaron una narrativa peligrosa impulsada por ciertos medios, sectores académicos, “analistas” y tuiteros, cuyos señalamientos no pocas veces rozaron o cruzaron de lleno el racismo y el clasismo. Se dijo por ahí que esta semana la Corte salió más a aclarar que a sentenciar. Quizá lo único rescatable es que, al menos, salió a aclarar: la comunicación institucional de la Corte ha mejorado de manera evidente y ha buscado llegar a todas, todos y todes, nos guste o no. No pude evitar pensar entonces en la integración anterior de la corte, cuya estrategia fue el silencio, el encierro y la desconexión total con la sociedad. Ya sabemos cómo terminó esa historia.
Estamos en un escenario profundamente riesgoso, agravado además por factores internacionales que presionan a nuestras instituciones democráticas. La Corte debe tomarse en serio las promesas hechas durante el proceso de reforma y no traicionar la ya de por sí delgada línea de legitimidad que sobrevivió a una reforma judicial desgastante y dolorosa. Urge poner en el centro la justicia, no los discursos políticos vacíos. Especialmente las y los ministros que se bañaron en promesas “para el pueblo” necesitan recordar que hoy visten una toga y que su responsabilidad es con las personas que buscan acceder a la justicia, no con la narrativa que mejor rinda aplausos.
Cuando el Poder Judicial habla de “territorio”, no puede reducirlo a la exotización ni a la instrumentalización de las personas indígenas como un tópico de moda o un recurso discursivo conveniente. Hacer territorio implica algo mucho más profundo: creerse realmente el mandato constitucional, reconocer a las personas indígenas como sujetas de derechos y centrar la actuación jurisdiccional en el verdadero núcleo del problema, que es el acceso efectivo a la justicia, no su representación simbólica.
Ahí está, por ejemplo, el caso de la ministra Batres: tiene la responsabilidad de comprometerse de manera genuina con las personas o, de lo contrario, seguirá perpetuando la idea de que su llegada al Pleno ha sido una de las expresiones menos dignas tanto de la Corte anterior como de esta nueva integración. Lo mismo ocurre con algunos de los nuevos ministros y ministras que, hasta la fecha, han tenido una participación tan marginal que muchas personas ni siquiera conocen sus nombres. La legitimidad también se construye con presencia, argumentos y responsabilidad pública.
Pero la responsabilidad no es solo del Poder Judicial. También merecemos una prensa, una academia y una crítica pública dignas y responsables. No una que se limite a tuitear cualquier ocurrencia del Pleno acompañada de memes sin gracia ni profundidad, ni a emitir alertas o “extras” por asuntos mínimos que solo alimentan un ruido mediático desgastante clasista y racista. Esto vale también para quienes se dicen disidentes del Poder Judicial: el pasado no era mejor que el presente. Negarlo solo perpetúa una conversación endogámica, encerrada en un cuarto donde todos se hablan entre sí.
Sí: cuestionemos, critiquemos, señalemos y exijamos. Exijamos transparencia y rendición de cuentas. Pero también construyamos puentes y pensemos en las personas que, todos los días, se ven obligadas a acercarse a un sistema de justicia que sigue siendo profundamente elitista, clasista, racista, revictimizante, excluyente y vergonzoso.
Mientras esa realidad no sea el centro del debate, cualquier escándalo será solo ruido y cualquier reforma, una promesa rota más.