La reciente detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos no representa, como algunos han querido venderlo, un triunfo de la democracia ni un acto de liberación para Venezuela. Es, por el contrario, una señal alarmante del derrumbe de lo poco que quedaba del Estado de derecho internacional.
No se trata de defender a Maduro. Su responsabilidad en violaciones sistemáticas a derechos humanos, desapariciones forzadas, tortura, persecución política y desplazamientos masivos está ampliamente documentada. Lo verdaderamente preocupante es por qué fue detenido y bajo qué lógica jurídica.
Maduro no fue capturado por un tribunal internacional, ni por una orden emanada de un sistema multilateral de justicia. No fue detenido por crímenes de lesa humanidad ni por violar estándares internacionales de derechos humanos. Fue detenido por posibles nexos con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, particularmente en relación con intereses y delitos que afectan al derecho penal interno estadounidense.
Es decir:
no por las víctimas venezolanas,
no por los desaparecidos,
no por la tortura,
no por el exilio forzado de millones,
sino por la afectación a intereses nacionales de Estados Unidos.
Esto no es justicia internacional. Es jurisdicción selectiva, aplicada desde la fuerza y no desde el derecho.
La consecuencia es devastadora: el mensaje implícito es que las violaciones a derechos humanos no importan si no interfieren con el orden interno de una potencia. Que el estándar no es la dignidad humana, sino el impacto económico, político o criminal que esos actos tengan para quien ostenta el poder global.
En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas aparece, una vez más, desdibujada, superada y ausente. El sistema internacional que prometía evitar el unilateralismo, garantizar la paz y sancionar los crímenes más graves, hoy es incapaz de contener a los Estados cuando deciden actuar por cuenta propia. El derecho internacional ya no es frágil: es ceniza.
Lo vimos con Palestina. Ahí el fuego se consumó sin matices ni disimulos. Y hoy ese mismo desprecio por las normas internacionales se replica en América Latina, bajo la narrativa del “mal necesario” o de la “liberación”.
La preocupación no es menor para países como México. Si el precedente es que una potencia puede detener a un jefe de Estado extranjero fuera de cualquier marco multilateral, ¿qué queda del principio de soberanía, del debido proceso internacional y de los límites al uso de la fuerza?
Estados Unidos es muy eficaz salvando al mundo en películas y series. En la ficción, siempre hay un enemigo claro, una causa justa y un final heroico. Pero en la realidad, quienes vivimos en el sur global sabemos que esas “intervenciones” rara vez traen democracia, libertad o justicia. Traen más violencia, más inestabilidad y menos derecho.
La detención de Maduro no inaugura una nueva era democrática para Venezuela. Marca, más bien, una peligrosa normalización del poder sin reglas, donde el derecho internacional deja de ser un límite y se convierte en un estorbo.
Y cuando el derecho deja de importar, lo que sigue no es justicia. Es fuerza