La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) marca un punto de inflexión para la justicia mexicana. No porque su designación sea, por sí misma, garantía de transformación, ninguna persona titular puede, por decreto, resolver un problema estructural tan profundo, sino porque el país enfrenta el desgaste de una institución que durante años se alejó de su mandato constitucional: investigar con objetividad, servir a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia sin sesgos políticos.
El relevo ocurre tras una administración marcada por escándalos, discrecionalidad y opacidad. La FGR se convirtió en un instrumento personalista bajo Alejandro Gertz Manero, cuyas decisiones algunas injustificadas, otras extravagantes y varias abiertamente contrarias a los principios de autonomía, minaron la confianza pública. Ese legado condiciona el escenario actual: la institución arrastra rezagos en investigación criminal, un uso faccioso del poder punitivo y una incapacidad crónica de coordinación con las fiscalías estatales. A ello se suma una ciudadanía que teme denunciar porque sabe que la puerta de entrada del sistema penal suele ser, también, la puerta de salida de la impunidad.
En este contexto, la designación de Godoy puede leerse de múltiples maneras. Su trayectoria como abogada, legisladora y fiscal capitalina podría presentarse como la de una operadora experimentada. Sin embargo, sus vínculos políticos con el oficialismo han despertado críticas legítimas sobre si su llegada comprometerá la ya tqm vilipendiada autonomía que tanto se prometió cuando, en 2018, se “liberó” a la FGR del Poder Ejecutivo. En un país donde la justicia ha sido históricamente usada para premiar lealtades y castigar disidencias, el escrutinio no solo es necesario: es urgente.
Memoria incómoda: la criminalización de feministas
Uno de los puntos más oscuros en la trayectoria de Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México fue la criminalización de mujeres que participaron en protestas feministas, así como el uso de la institución para vigilar y perseguir activistas. Ese antecedente no es menor. Coloca un espejo incómodo frente a su nueva responsabilidad: ¿cómo garantizará una política de derechos humanos y de respeto a la protesta social cuando su historial muestra que la Fiscalía capitalina fue utilizada para inhibirla?
Esa memoria pesa, y debe ser parte de la conversación pública. No para cancelar la designación, sino para obligar a la nueva fiscal general a rendir cuentas desde el primer día.
Lo urgente: reparar la relación con las víctimas
Uno de los puntos más débiles del sistema penal y quizá el más doloroso es el trato hacia las víctimas. Organizaciones, colectivos y familias han documentado cómo la FGR opera con lentitud, sin perspectiva de derechos humanos y con una tendencia preocupante a obstaculizar investigaciones cuando éstas involucran a funcionarios o grupos de poder. La Ley General de Víctimas establece obligaciones claras en acompañamiento, reparación y participación efectiva; sin embargo, esas obligaciones rara vez se cumplen en la práctica.
A ello se suma un problema estructural: la FGR, por diseño, se ha convertido en una institución cada vez más lejana y despersonalizada. Su papel dentro del federalismo fragmentado, disperso, sin mecanismos efectivos de coordinación hace que la atención a víctimas sea aún más errática y burocrática.
Godoy deberá reconstruir la confianza desde ahí: profesionalizar al Ministerio Público, garantizar trato digno e inmediato, y romper la lógica institucional que convierte cada denuncia en un peregrinaje desgastante. Pero ese compromiso exige reconocer su propio historial: durante su gestión en la CDMX, la prioridad hacia víctimas tampoco fue un sello distintivo. Ese es el punto de partida real, no el discurso.
El desafío político: demostrar autonomía real
Aunque el cargo de fiscal general dura nueve años, la legitimidad se juega en los primeros meses. Godoy deberá enviar señales claras de independencia: revisar casos controvertidos, transparentar criterios de actuación, fortalecer los mecanismos internos de control y establecer colaboración con fiscalías estatales sin subordinarlas políticamente.
La autonomía no es un enunciado, sino una práctica que se mide por la capacidad de investigar incluso donde incomoda. Y en un país que transita hacia una reforma judicial con tintes populistas que plantea elegir jueces y magistrados mediante voto popular, la actuación de la FGR será un termómetro del verdadero compromiso del Estado mexicano con la justicia y no con la política.
Las mujeres en la justicia: símbolo, pero no garantía
Que una mujer llegue a la titularidad de la Fiscalía General importa, porque la justicia en México ha sido diseñada por hombres y para hombres. Pero reducir el análisis a “la primera mujer en el cargo” es un error que beneficia a la institución, no a las víctimas.
La perspectiva de género no se presume; se acredita.
Y el historial de Godoy en la CDMX con prácticas de vigilancia y criminalización hacia movimientos feministas no ayuda. Su llegada obliga a plantear una pregunta que incomoda:
¿Qué significa tener una mujer al frente de la FGR cuando la institución ha sido usada para disciplinar políticamente a otras mujeres?
Conclusión: una oportunidad, no un cheque en blanco
Ernestina Godoy no llega a la FGR como un símbolo de renovación, sino como una prueba de fuego para el sistema de justicia penal. La institución está fracturada, desacreditada y alejada de las personas que debería proteger. Y su nueva titular carga un historial que exige más explicación que aplauso.
Si Godoy rompe con el uso político de la justicia, fortalece la investigación penal, transparenta decisiones, prioriza a las víctimas y demuestra independencia real del Ejecutivo, tendrá la oportunidad de reparar parte del daño.
Pero si repite la lógica de lealtades, persecuciones selectivas y silencios institucionales, la FGR seguirá exactamente donde está: en crisis, sin justicia y sin credibilidad.
La designación de Godoy no es la solución.
Es el examen final.
Y México, especialmente las mujeres que ya fueron criminalizada, no va a olvidar ni a dejar de mirar.