En 2023, desde Impunidad Cero, impulsamos una investigación para responder una pregunta urgente: ¿qué está pasando con las investigaciones penales en materia de desapariciones?
La respuesta fue devastadora: pese a contar con una Ley General, impulsada por familias, la impunidad ronda el 99%, lo que evidencia una crisis profunda en el sistema de justicia.
Esta investigación, basada en entrevistas con familiares, voluntarios y servidores públicos, evidenció no solo la magnitud de la crisis, sino algo esencial: hablar de desapariciones exige, por respeto, escuchar a quienes las viven.
Porque en México, quienes buscan no son solo instituciones.
Son madres. Son familias. Son personas que dejaron su vida para aprender lo que el Estado no ha querido asumir: cómo leer la tierra, cómo identificar restos, cómo entender la violencia.
Reducir esta crisis a cifras o debates de redes sociales es no entender nada. No es una discusión abstracta: es una crisis humanitaria que llevamos arrastrando por décadas.
En días recientes, a partir de los posicionamientos del gobierno sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y del rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, surgieron múltiples cuestionamientos. Y sí: es necesario ordenar los datos. Es indispensable contar con registros confiables.
Pero el problema es más profundo. El Estado, sin importar los partidos, insiste en tratar esta crisis como si fuera responsabilidad del pasado. Existen indicios claros, incluso en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre desapariciones vinculadas a fuerzas estatales. Y, al mismo tiempo, se ignora la violencia del crimen organizado que opera con tolerancia o complicidad institucional.
Eso también es desaparición forzada. Eso también es responsabilidad del Estado.
Pero hay algo aún más grave: la forma en la que se está hablando de esta crisis.
A ello se suman las columnas de opinión cercanas al gobierno que, más que aportar al debate, funcionan como propaganda, opiniones que minimizan la crisis, desplazan responsabilidades o la reducen a una disputa política.
Y ahí se cruza una línea.
Porque opinar sobre desapariciones desde espacios cómodos, sin contacto con el campo ni con las víctimas, no solo es insensible: es una falta de respeto hacia las familias y su dolor.
Además, estas narrativas reproducen una idea peligrosa: la de la “víctima perfecta”.
Hay personas desaparecidas vinculadas a contextos de violencia, sí. Pero eso no las hace menos víctimas. También hay quienes no tenían ninguna relación y fueron arrastradas por una violencia estructural.
Las víctimas no son perfectas. Y no tienen que serlo para merecer justicia.
La falta de información clara no es solo un error técnico: evidencia que el Estado no ha hablado con las víctimas ni ha entendido cómo ocurre una desaparición.
Cuando alguien desaparece, las familias reaccionan solas, sin guía. Y las autoridades, desarticuladas, ni siquiera logran coordinarse entre fiscalías y comisiones de búsqueda.
El problema no se resuelve con narrativas complacientes ni con propaganda.
Se resuelve reconociendo que no ha habido la importancia debida y que se sigue evadiendo la responsabilidad presente. Porque esta crisis no es de partidos, sino del Estado mexicano: un Estado.
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