En unos días se cumple un año del homicidio de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.
Un año de impunidad.
Un año de incertidumbre.
Un año de proyectos de vida suspendidos en la espera de una justicia que no llega.
Lo ocurrido en el festival AXE Ceremonia no puede reducirse a la narrativa cómoda del “accidente”. Fue el resultado de una cadena de negligencias que hoy ya se encuentra documentada en una carpeta de investigación. Existen personas imputadas. Existen líneas de responsabilidad identificadas. Existe, incluso, un proceso penal que debería estar avanzando hacia su esclarecimiento.
Pero no avanza.
En este contexto, la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha sido clara: ya cuenta con elementos objetivos para imputar a los responsables de esta tragedia. Sin embargo, no ha podido avanzar debido a la interposición de recursos que han frenado la audiencia inicial.
De acuerdo con lo señalado públicamente, una de las estrategias jurídicas ha consistido en insistir en la incorporación de otras empresas, incluida la boletera, como posibles responsables, aun cuando hasta ahora no existen elementos penales que las vinculen directamente con las decisiones que provocaron el colapso. Al mismo tiempo, la defensa de una de las víctimas ha denunciado la presentación de recursos que considera notoriamente improcedentes, utilizados para retrasar el inicio del proceso.
El escenario es complejo y delicado. No se trata de un conflicto menor ni de una disputa reducible a posiciones familiares. Pero sí evidencia una tensión que el sistema jurídico pocas veces reconoce abiertamente: el uso de herramientas legales para incidir y, en ocasiones, detener el ritmo del proceso penal.
Cada día que se difiere una audiencia no es un simple ajuste procesal. Es una afectación directa al derecho a la verdad, al acceso a la justicia y a la reparación del daño. Es, en términos claros, una forma de prolongar la impunidad.
Y esa impunidad no siempre es producto de la falta de normas. A veces es resultado de su uso estratégico.
Mientras el proceso permanece detenido, también se diluyen las responsabilidades estructurales. Se fragmenta la discusión. Se desplaza el foco. Y, en ese movimiento, los actores con mayor capacidad económica y jurídica encuentran margen para reposicionarse.
Detener el proceso no fortalece el Estado de derecho. Lo debilita.
Porque la justicia no solo debe ser imparcial, también debe ser oportuna. Y cuando deja de serlo, se convierte en otra forma de violencia institucional.
A un año de los hechos, la pregunta ya no es únicamente quién es responsable de la muerte de Berenice y Miguel Ángel.
La pregunta es por qué, existiendo un proceso penal en curso y elementos suficientes para imputar, el sistema sigue sin permitir que la verdad llegue a audiencia.
Porque la impunidad también se construye en los tiempos.
Y, en este caso, el tiempo sigue corriendo en contra de la justicia.