Entre el discurso de igualdad y la erosión de derechos
Si algo dejó claro 2025 es que el derecho nunca fue neutral. Durante años solo estuvo alineado sin pudor con el poder en turno. Este año, más que un balance técnico, obliga a una lectura política del derecho desde los feminismos: una lectura incómoda, crítica y necesaria.
El 2025 estuvo marcado por una paradoja evidente. Por un lado, discursos institucionales que repiten hasta el cansancio expresiones como “tiempo de mujeres”, “llegamos todas” o “primero los pobres”; por el otro, reformas, prácticas y decisiones que erosionan garantías básicas y colocan a mujeres y disidencias en una posición de mayor vulnerabilidad jurídica. El derecho habló mucho, pero escuchó poco.
Desde el ámbito judicial, el año mostró un fenómeno preocupante: la normalización del retroceso bajo el lenguaje del progreso. La reforma judicial, presentada como un ejercicio de democratización, dejó ver sus límites cuando se analizó desde los cuerpos históricamente excluidos. No todas las personas llegan en igualdad de condiciones a una boleta, ni cuentan con las mismas redes, capital político o protección frente a la violencia. Pensar que el voto popular, por sí solo, corrige desigualdades estructurales es una ficción riesgosa. Y en esa ficción, una vez más, las mujeres asumieron el costo más alto.
En paralelo, el sistema interamericano volvió a recordarle al Estado mexicano, a través de las sentencias de Ernestina Ascencio Rosario y Lilia García Andrade, que los derechos no se proclaman: se garantizan. Las resoluciones de la Corte Interamericana no fueron solo actos de memoria o de justicia tardía; fueron un espejo incómodo que evidenció lo lejos que estamos de investigar, juzgar y reparar con perspectiva de género. Que las mujeres tengan que acudir a instancias internacionales para obtener justicia no es una anécdota: es un síntoma estructural.
Pero 2025 no fue únicamente un año de diagnóstico y crítica. También fue un año de pedagogía, disputa narrativa y resistencia cotidiana. Entre los pocos efectos positivos del proceso de elección judicial estuvo que personas abogadas y servidoras públicas comenzaron a explicar el derecho con mayor claridad y menos solemnidad. Desde las aulas, los talleres con operadores del sistema penal, los diplomados, la divulgación jurídica y el uso de plataformas digitales, el feminismo jurídico se sostuvo como una práctica activa. Explicar el proceso penal, cuestionar la prisión preventiva o advertir los riesgos del punitivismo selectivo no fue un ejercicio académico, sino una forma de intervención pública.
El derecho también se jugó y se perdió en numerosas ocasiones en el terreno mediático. Casos de mujeres expuestas, juzgadas y condenadas en redes sociales antes que en tribunales mostraron cómo la moral punitiva continúa pesando más que las garantías procesales. La maternidad volvió a aparecer como un espacio de control: buena madre o mala madre; víctima creíble o víctima sospechosa. El feminismo jurídico tuvo que insistir en una idea básica: los derechos no se condicionan a la aprobación pública ni a la perfección moral.
Si algo deja 2025 es una lección clara: el feminismo en el derecho no es una etiqueta ni un componente accesorio. Es una forma de observar el poder, de incomodar al Estado y de rechazar que la violencia sea el costo de la gobernabilidad. También es una práctica colectiva que se construye en tribunales, fiscalías, aulas, textos, calles y espacios digitales.
No fue un año sencillo para el derecho ni para los feminismos. Pero sí fue un año revelador. Mostró con claridad las grietas, los límites y las trampas del discurso institucional. El desafío para 2026 es sostener la crítica sin cinismo, exigir derechos sin pedir permiso y recordar que la justicia que no transforma las condiciones de vida de las mujeres no es justicia. Es, apenas, administración del daño.
Leslie Jiménez