El fin de semana pasado la conversación pública se volcó sobre el operativo llevado a cabo por las fuerzas armadas mexicanas que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”. Para muchas personas fue presentado como una victoria heroica del Estado mexicano en su “lucha” contra el crimen organizado, una guerra que parece no tener final.
Pero más allá del impacto mediático y de la narrativa de triunfo, en términos de verdad, justicia y reparación el escenario deja preguntas profundas.
En los últimos años, México ha sido objeto de seguimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales atribuibles a elementos de fuerzas de seguridad. En distintos informes se ha advertido que, aunque el Estado ha presentado información general, persiste una falta de datos actualizados y de medidas específicas en casos de privación de la vida por agentes estatales. Varias recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento.
No es menor detenernos en el lenguaje. La palabra abatir implica hacer caer o descender algo. En contextos militares o policiales suele emplearse como un eufemismo de “matar”. El término suaviza la acción, la envuelve en una narrativa técnica o estratégica. Sin embargo, entre hablar de una persona “abatida” y la posibilidad de una ejecución extrajudicial existe una línea jurídica extremadamente delicada.
Las ejecuciones extrajudiciales son la privación deliberada de la vida perpetrada por agentes del Estado o con su aquiescencia sin un proceso judicial previo ni orden legal que lo respalde. Constituyen una violación grave de derechos humanos y del derecho internacional. Justamente por eso, todo uso letal de la fuerza por parte del Estado debe estar sujeto a estrictos principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y rendición de cuentas.
Normalizar la opacidad en operativos de alto impacto donde el uso de la fuerza culmina con la muerte de una persona señalada por múltiples delitos no solo implica el cierre abrupto de un proceso penal. También puede significar la pérdida de información clave: indicios, rutas financieras, redes de responsabilidad, vínculos institucionales, cadenas de mando. Y, sobre todo, puede significar la imposibilidad de esclarecer cientos o miles de carpetas de investigación.
“El Mencho” era señalado por narcotráfico y por diversos delitos vinculados con la delincuencia organizada que afectaron gravemente al país. Pero también era señalado por homicidios y desapariciones que dejaron víctimas concretas, familias concretas. Su muerte no extingue el daño causado ni resuelve las innumerables desapariciones, homicidios y actos de violencia asociados a esa estructura criminal. Para muchas víctimas deja un vacío: sin juicio, sin declaración, sin reconstrucción judicial de los hechos.
A ello se suma una lectura preocupante en redes sociales. Entre la celebración y la sed de venganza, la discusión se desvía hacia teorías conspirativas, criminalización indiscriminada o discursos de exterminio. Las víctimas vuelven a quedar al final de la conversación, atrapadas en procesos que no avanzan. Sin información pública clara, sin investigaciones exhaustivas y sin rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza, no hay garantías de verdad ni de reparación.
Y no es una preocupación abstracta. Basta recordar la Masacre de Tlatlaya, donde inicialmente se sostuvo la narrativa oficial de un enfrentamiento entre fuerzas armadas y presuntos integrantes del crimen organizado. Con el tiempo, investigaciones periodísticas y peritajes independientes documentaron graves irregularidades y la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales.
O el caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo, que fueron asesinados por elementos del Ejército cuando se encontraban dentro de las instalaciones del Tec de Monterrey. En un primer momento, las autoridades afirmaron que eran integrantes del crimen organizado o que habían quedado atrapados en un fuego cruzado. Años después, se reconoció oficialmente que eran estudiantes y que la narrativa inicial fue falsa.
Estos casos muestran cómo, cuando la información se controla desde la lógica militar y no desde la transparencia democrática, la verdad puede tardar años en salir a la luz. Y mientras tanto, las víctimas cargan no solo con la pérdida, sino también con la estigmatización.
Cuando el Estado actúa sin controles efectivos y sin transparencia, la excepción puede convertirse en regla. Y cuando justificamos la excepción, cualquiera puede terminar convertido en “daño colateral” o en un falso positivo.
No se trata de defender a personas imputadas ni de “lavar la cara” a estructuras criminales. Se trata de no olvidar que el monopolio legítimo de la fuerza implica límites, controles y obligaciones. El Estado no puede colocarse fuera del marco jurídico bajo la promesa de seguridad.
La pregunta de fondo ¿Qué tipo de justicia queremos? ¿Una en la que el Estado actúe sin controles, priorizando el resultado inmediato? ¿O una en la que las víctimas tengan acceso a la verdad, investigación completa y responsabilidades claramente determinadas?
Cuando la discusión se reduce a “ganamos” o “perdimos”, las víctimas vuelven a quedar en segundo plano. Y sin verdad no hay justicia. Y sin justicia, la violencia estatal o criminal no desaparece: solo cambia de rostro.
Hoy una figura del crimen organizado está muerta. Mañana habrá otra. Las estructuras se reconfiguran, siguen reclutando forzadamente, levantando, asesinando. Si la respuesta del Estado continúa siendo predominantemente reactiva, militarizada y opaca, el ciclo se repetirá.
Entre la violencia estatal y el punitivismo desbordado, las víctimas no pueden seguir siendo un daño colateral del discurso público.
Abogada