En la Ciudad de México existen cientos de inmuebles obsoletos y/o abandonados, que actualmente se encuentran vandalizados o están al borde del colapso, representando un riesgo para la ciudadanía. En la Alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, se estima que hay más de 450 inmuebles de este tipo, muchos de ellos en espacios públicos que son recurridos por vecinos de la demarcación todos los días.
Aunque muchos de éstos llevan más de 30 años en dicha situación, hay otros que son resultado de acontecimientos relativamente recientes como el sismo de 2017 y que son un peligro latente para las y los capitalinos. El pasado 9 de marzo, por ejemplo, fuimos testigos del desplome de un edificio en la Calzada San Antonio Abad, en dicha alcaldía, que provocó, lamentablemente, el deceso de tres personas.
Si bien las autoridades de la Ciudad de México actuaron de manera inmediata para atender la tragedia, lo anterior visibilizó nuevamente la importancia de atender las construcciones en deterioro, abandono o que simplemente ya no tienen una funcionalidad en nuestros días. Lo cierto es que ignorar la presencia de este tipo de inmuebles, en una ciudad con dinámicas y condiciones como la nuestra, solo aumenta los factores de riesgo para la población.
En octubre del año pasado (2025), por ejemplo, la Alcaldía Cuauhtémoc tuvo conocimiento del dictamen estructural que califica como de “alto riesgo” para las personas, la construcción que funcionaba como módulo de vigilancia policial, ubicado dentro del Parque Pípila, en la Colonia Vista Alegre. Y es que además de que, irónicamente estos espacios se han convertido en refugio de personas que cometen actos ilícitos, el desgaste e inestabilidad de los mismos es notable.
En el caso de este módulo, que ya no funciona como tal y que se encuentra visiblemente inestable por su desgaste estructural, el riesgo aumenta si consideramos que se encuentra en un espacio que, debido a su carácter público, presenta constante afluencia de personas (incluidos menores de edad) que conviven ahí todos los días.
A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México ha emprendido, desde enero de 2025, una campaña para rescatar más de 400 de estos módulos, algunas Alcaldías han hecho a un lado su responsabilidad en el tema, teniendo los recursos para atender aquellos que están en su demarcación territorial. Este ex módulo cuenta con dos edificaciones: una de aproximadamente 35 años, destinada a servicios de vigilancia y atención ciudadana; y otra sin criterio estructural formal, en donde todavía se dan clases de box.
El asunto grave aquí es que, derivado de la inspección correspondiente, se ha determinado que dicho inmueble requiere la atención urgente de las autoridades de
la Alcaldía, para evitar un derrumbe y una tragedia como la que tuvo lugar el pasado 9 de marzo, en la colonia Tránsito, de esta demarcación.
Los resultados de dicha inspección son muy claros: el refuerzo interno de muros es insuficiente de acuerdo con la norma vigente, el sistema estructural no es apto, existe desprendimiento de materiales y humedad en el interior de ambas edificaciones, y además se encuentra en una zona de subsidencia de alto riesgo por “hundimiento progresivo”.
En este sentido, la Dirección General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, recomendó a la Alcaldía el desalojo, acordonamiento y apuntalamiento de todo el inmueble, para alcanzar su estabilización; además de iniciar un proceso de mantenimiento integral y una revisión periódica que permita descartar riesgos para la ciudadanía en un futuro.
Sin embargo, desde hace más de 5 meses, la Alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, ha tenido conocimiento del tema sin que a la fecha se haya tomado una acción en el sentido que indica la Dirección.
Las omisiones de esta naturaleza, hay que recordar, implican responsabilidades administrativas para las alcaldías, de acuerdo con la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y el Reglamento de Construcciones de esta ciudad. En las manos de la titular de la Cuauhtémoc está la integridad y seguridad de las y los vecinos de la demarcación. Urge que actúe.
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