En 12 años muchos países han transformado sus instituciones y han conseguido inaugurar un periodo de prosperidad y mejor calidad de vida para sus ciudadanos. En el nuestro, llevamos 12 años haciendo propaganda y procesando reformas constitucionales con pocos, muy pocos, cambios de fondo. Hace 12 años, Peña Nieto nos prometía un “pacto por México”, que contemplaba varias reformas constitucionales y que en principio abrirían el país a una etapa brillante y modernizadora. Poco duró ese sueño. Vino entonces la narrativa de la “cuarta transformación”, que más que un proceso de reingeniería para mejorar la administración se ha convertido en el proceso de extinción de las instituciones más importante de los últimos años. El alud de reformas constitucionales con el que ha arrancado este sexenio, lejos de generar una sensación de euforia y optimismo, provocan una atmósfera de escepticismo por su falta de rigor conceptual y pésima concepción e implementación.
Si hoy algo se mueve en el sistema político para desatascar las tuberías, se debe más a la disposición de la presidenta que al funcionamiento de las instituciones. El mostrar la descomposición institucional de las aduanas provocada por los altísimos niveles de corrupción del gobierno de López Obrador, depende de su personalísima decisión de abrir el expediente de Marina. También consta en su cuenta personal haber acelerado la repatriación de Bermúdez Requena, un asunto que olía a muerto desde hace varios años. Ambos casos se inscriben en la tradición identificada por Stephen Morris, hace ya algunos años, de reequilibrar los sexenios, mostrando la corrupción del anterior como un proceso de legitimación sin entrar al problema estructural.
No le quito méritos a CSP, tampoco minimizo los efectos lenitivos que puede tener en su coalición, pero no hay en este arranque de sexenio un progreso institucional para limpiar la administración y hacerla más transparente. La concentración de poder y la opacidad, características del gobierno de López Obrador, tuvieron los efectos que los críticos anticiparon. Hoy, la maquinaria para encubrirse y protegerse es más potente que en sexenios anteriores. No hay INAI, controles parlamentarios, contralorías autónomas y ahora tampoco jueces independientes.
Pero si todo esto forma parte del paisaje político más tradicional, la tragedia nacional es que dos sexenios completos, con toda esta inmisericorde parafernalia transformadora, no sirvieron para mover la cifra oculta de delitos en el país. La impunidad, la terca e inveterada impunidad goza de cabal salud. La ENVIPE, publicada por el Inegi, demuestra que el 93.2% de los delitos ni se denuncian, ni tienen carpeta de investigación. Si contáramos la historia del país en el que los malos ganan, México sería el ejemplo. Ser delincuente en este país no sólo es una vocación muy difundida entre la clase política, que considera que apropiarse de los recursos públicos es consustancial al modelo extractivo que nos rige desde tiempos inmemoriales, sino que la posibilidad de tener un castigo es bajísima. El Estado sólo parece funcionar para protegerse a sí mismo, cuidar sus privilegios y garantizar sus canonjías, hacer reformas electorales para asegurarse mayorías prefabricadas, recaudar renta de donde pueda y amenazar a quien no las paga. Este Estado, díscolo y ególatra es, sin embargo, incapaz de perseguir a los que humillan a 11.4 millones de familias que, con estoicismo, sobreviven en este país. Lo único que cambia es la propaganda política, pero la impunidad goza de cabal salud. En el México de hoy, el que no baje el nivel de impunidad casi perfecto del que gozan los delincuentes debería ser motivo de inquietud de todas las instancias de gobierno. Más del 93% de los 33.5 millones de delitos no se denuncia. El costo nacional estimado de la inseguridad según es de 270 mil millones de pesos. En otras palabras, la inseguridad y el delito le cuestan a la población un punto del PIB. Es el México de toda la vida, incapaz de atender el origen de la grave crisis de inseguridad que vivimos. Ahí están las cifras a disposición, incluso de los que han entronizado la idea de los “otros datos”.
Analista. @leonardocurzio