La gestión de un país es mucho más que política. Hay dimensiones que no tienen coloración partidista y que ponen a prueba un sistema. Pienso, por ejemplo, en las capacidades de los gobiernos para edificar infraestructura básica y permitir a los ciudadanos tener una mejor vida.
El prestigio de México con el Mundial, por lo menos en sus tres ciudades principales, estará en juego si la seguridad no se percibe y los nudos viales (en muchos casos inducidos por obras mal planificadas y peor resueltas) no se desatan. Lo mismo ocurre con la grave crisis ambiental que con tanta lentitud ha atendido el gobierno. El chapopote en las playas no es un asunto de derecha o de izquierda. Sorprendentemente, mientras discutía el Congreso la fallida reforma electoral, los medios de comunicación reportaban la marea negra en el Golfo de México. Como si el mundo de los políticos fuese un mundo diferente al México real.
Esta disfuncionalidad debería preocupar al gobierno, pues una crisis de esa envergadura refleja una inquietante desorganización y una incapacidad de calibrar apropiadamente los riesgos. Los jefes de Estado tienen mil asuntos que atender y es muy fácil que, por sus inclinaciones personales, o preocupaciones contextuales, ocupen su tiempo en temas que no necesariamente son los más relevantes para el país y su seguridad. De ahí la importancia de los órganos técnicos de la seguridad nacional y la protección civil. La función cardinal de un Estado debe ser proteger su territorio y su población. No hay justificación para desatender estos objetivos vitales. Los tomadores de decisiones deben tener órganos técnicos de seguridad que los auxilien en la anticipación de los riesgos y, llegado el momento, la gestión de estos.
Con la crisis del chapopote más allá de valoraciones políticas, lo que intriga es: ¿por qué una maquinaria administrativa profesional no logra elevar las prioridades para que la jefatura del Estado le asigne la jerarquía que el asunto requiere? El gobierno llega tarde a la crisis, e intenta replicar las viejas fórmulas de separar los temas álgidos de “la mañanera” y abordarlos en conferencias alternas. Como si el tema no contaminara a la presidenta. El gobierno no tiene capacidad de ordenar sus prioridades en función de su potencial afectación.
Es momento de reflexionar sobre las instituciones del Estado y en este caso concreto, las que tutelan la seguridad nacional. Tenemos Fuerzas Armadas profesionales y también una Secretaría de Seguridad que atiende los temas policiacos, pero no parece que haya una instancia que atienda riesgos de manera eficaz y que tenga la capacidad de reaccionar para elevarlos a la atención de la Presidencia de la República.
Un grupo de exdirectores de seguridad nacional, entre los que figuran Jorge Carrillo, Jorge Tello, Alejandro Alegre, Eduardo Medina Mora y Guillermo Valdés, ha escrito un libro muy valioso (“La Seguridad Nacional en México: Reflexiones y propuestas desde la experiencia”) que, en un tono responsable, invita a repensar, a partir de la propia experiencia, la arquitectura institucional que custodia la seguridad nacional de México.
Es un tema, este último, que no se limita a lo policiaco y a atender las peticiones de los vecinos del norte. Debe tener una mirada más amplia y, por supuesto, ser plenamente funcional para evitar que los problemas escalen y lo que debió ser atendido por una autoridad local o sectorial no se convierta en una crisis federal. La esencia de un órgano de seguridad nacional es que, en la medida de sus posibilidades, los problemas habituales del gobierno no se conviertan en temas de seguridad nacional.