La caída de Nicolás Maduro como resultado de una operación estadounidense planeada durante meses puede convertirse en uno de los mayores parteaguas geopolíticos de la historia reciente del continente. Durante el chavismo, Venezuela dejó de ser un Estado fallido para convertirse en algo peor: una plataforma deliberada de poder autoritario global. Irán, Rusia y China no solo encontraron en Caracas un aliado, sino un punto de anclaje estratégico para erosionar la democracia liberal en el hemisferio occidental. Irán, en particular, construyó una red de influencia profunda y opaca en el corazón del poder chavista. Venezuela fue, durante años, un nodo activo del autoritarismo internacional.
La supervivencia de la dictadura cubana, por ejemplo, no puede explicarse sin ese entramado. Si Fidel Castro fue el faro ideológico del chavismo, Hugo Chávez fue su sostén material indispensable, y Nicolás Maduro su administrador. Sin el flujo constante de petróleo y dinero venezolano, el régimen cubano —responsable de décadas de empobrecimiento y represión— habría enfrentado hace tiempo un colapso irreversible. La posible desaparición de ese eje autoritario redefine el mapa político de América Latina.
Pero ese horizonte solo será posible si Estados Unidos actúa con una virtud que rara vez ha mostrado cuando ejerce poder sin contrapesos: memoria histórica. América Latina conoce demasiado bien el costo de las intervenciones estadounidenses envueltas en retórica moral. Algunas produjeron estabilidad; muchas más sembraron dictaduras, guerras internas y décadas de atraso democrático. Es verdad que Panamá floreció tras la caída de Noriega, pero Chile padeció diecisiete años de pinochetismo. Guatemala fue hundida en el terror. En México, la injerencia estadounidense contribuyó decisivamente a la destrucción del experimento democrático de Madero en 1911, empujando al país a casi un siglo de autoritarismo. Y todo ello sin contar la guerra de 1847, una amputación territorial que sigue siendo una herida abierta.
La imposición de figuras funcionales a Washington —sin legitimidad democrática ni arraigo social— puede satisfacer impulsos geopolíticos de manual kissingeriano, pero casi nunca produce libertad. La doctrina Monroe, hoy reciclada por el trumpismo, ha servido históricamente más para justificar dominación que para proteger soberanías.
En 1939, Franklin D. Roosevelt describió así al dictador nicaragüense Anastasio Somoza: “Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Ochenta años después, repetir esa lógica en Venezuela sería una claudicación moral.
Las primeras señales tras la captura de Maduro son alarmantes. El presidente Trump ha sido brutalmente claro: Estados Unidos quiere el petróleo venezolano. No como consecuencia colateral del cambio de régimen, sino como su justificación explícita. En la misma conferencia de prensa, Trump descalificó a María Corina Machado —la figura con mayor autoridad moral y legitimidad política de la oposición— y, con inquietante ligereza, otorgó un respaldo provisional a Delcy Rodríguez, pilar del régimen que acaba de caer.
Marco Rubio, por su parte, enfrió públicamente la exigencia de que Edmundo González sea juramentado de inmediato como presidente legítimo de Venezuela y dejó en el aire el calendario electoral.
Es cierto que desmontar el chavismo no es tarea simple. Maduro no gobernaba solo: encabezaba una estructura de poder sostenida por redes criminales, prebendas económicas y una Fuerza Armada profundamente comprometida. El chavismo no fue un caudillo aislado, sino un sistema. Pretender una transición instantánea es ingenuo.
Pero la complejidad no puede convertirse en coartada. Postergar la democracia en nombre del orden es la tentación clásica de toda potencia interventora. Deslegitimar a María Corina Machado no solo es un error político: es una falsedad flagrante. Hoy no existe una figura con mayor claridad, respaldo social y coherencia democrática en Venezuela.
Estados Unidos tiene la obligación de demostrar que la salida de Maduro no es el inicio de una nueva política extractiva, sino el fin de una dictadura. Debe garantizar la liberación inmediata de los presos políticos, devolver el control del proceso político a los venezolanos y convocar elecciones libres sin dilación ni tutelaje.
Si Trump opta por administrar Venezuela como botín y no como nación libre, la caída de Maduro no será un acto de justicia histórica sino una farsa geopolítica. Habrá cambiado el rostro del poder, pero no su lógica. La promesa de libertad quedará sepultada bajo contratos petroleros, transiciones interminables y líderes “provisionales” obedientes. Y América Latina aprenderá, una vez más, la lección más amarga: que cuando Washington habla de democracia, muchas veces se refiere estrictamente solo a sus intereses. En ese escenario, Venezuela perderá su oportunidad histórica y Estados Unidos lo último que le queda de autoridad moral en el continente.
@LeonKrauze