Permítame un ejercicio hipotético. Si usted es mujer, imagine que vive en Irán y que esta mañana quiere salir a hacer algunas compras vestida con pantalón de mezclilla y una camisa sin mangas, porque hace calor. Se deja el pelo suelto porque tiene prisa. Si quien me lee es hombre, imagine todo esto pensando en su hija, en su pareja o en su madre.
En Irán, ese gesto cotidiano, que en México no merecería ni un instante de reflexión, puede convertirse en una tortura. Una mujer que no cumple con las reglas obligatorias de vestimenta (en particular el uso del hijab) puede enfrentar castigos que van desde encarcelamiento, multas y acoso hasta flagelación, pérdida de derechos básicos y, en casos extremos encuadrados como asuntos de “seguridad nacional”, incluso la pena de muerte. Más allá de las leyes, en la práctica también se expone a extorsión, abuso sexual y violencia directa por parte de las fuerzas de la llamada “moralidad”.
Las mujeres son detenidas, insultadas y agredidas físicamente. En muchos casos (documentados, no sobra decir), los agentes exigen pagos en efectivo para evitar una detención formal, confiscando teléfonos, joyas o vehículos como moneda de cambio. A este hostigamiento cotidiano se suman sanciones legales cada vez más severas. Las multas aumentan con cada supuesta “violación” y la legislación reciente contempla penas de prisión de hasta diez años. El castigo corporal —latigazos por “ofender la decencia pública”— sigue siendo una herramienta del Estado.
Este control y abuso del cuerpo femenino es apenas una pieza de un sistema mucho más amplio. El régimen iraní sostiene su poder mediante leyes represivas, fuerzas de seguridad y organismos religiosos que violan de manera sistemática las libertades fundamentales. La libertad de expresión, de reunión, de asociación y de culto están severamente restringida por un Estado que gobierna a través del miedo. Estos abusos no son excesos aislados: son políticas de Estado dirigidas y avaladas por el líder supremo, Ali Khamenei, y ejecutadas por altos funcionarios políticos, judiciales y militares.
El mismo aparato represivo aplasta periodistas, activistas, abogados, estudiantes, artistas y opositores políticos. Informar, documentar abusos o criticar al poder puede ser tipificado como “propaganda contra el sistema” o “amenaza a la seguridad nacional”. Los juicios son sumarios, las confesiones se arrancan bajo tortura y las condenas, de años o décadas, se dictan en tribunales revolucionarios que operan como extensiones del poder político.
Las prisiones iraníes son centros terribles de tortura de castigo. Presos políticos denuncian aislamiento prolongado, golpizas, violencia sexual, falta de atención médica y amenazas contra sus familias. La disidencia es castigada no sólo con cárcel, sino con la confiscación de bienes, prohibiciones laborales, veto académico o el exilio.
El control informativo pretende ser absoluto. En momentos de protesta como el que se vive en estos días, el régimen apaga internet, bloquea redes sociales y criminaliza la difusión de información, intentando borrar las pruebas de la represión y aislar a la población del mundo.
Ese es el régimen al que hoy se enfrentan cientos de miles de iraníes que han salido a las calles en las protestas más severas (y tal vez también las más esperanzadoras) desde los primeros años posteriores a la revolución de finales de los setenta. Los ayatolás han respondido como siempre: con represión. Se habla de cientos de muertos, de miles de detenidos y de destinos terribles en prisiones y tribunales. Lo que se libra hoy en Irán no es una crisis pasajera, sino el choque frontal entre una sociedad que exige dignidad y un poder brutal, obsesionado con su propia supervivencia. Es una batalla que exige la atención del mundo y la solidaridad de quienes todavía creen en la libertad y la democracia. Seguramente escucharemos esas voces manifestarse con claridad, desde la derecha y, claro, la izquierda humanista. ¿Cierto?