Este 10 de marzo es Día Internacional de las Juezas, justo poco después del Día Internacional de la Mujer. Actualmente, en el mundo, cerca de una tercera parte de las personas juzgadoras somos mujeres. Datos de Naciones Unidas de 2021 muestran que en Europa se concentra una mayor proporción, con 54%, seguida del continente americano, con el 51%. En Oceanía, las mujeres representan el 31%; en África, el 30%, y en Asia, el 29% del total.
En México, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), al cierre de 2024, el 39% de las personas juzgadoras éramos mujeres. A nivel federal, de 1,437 personas juzgadoras, el 35.8%, y a nivel estatal, de 5,072, el 44.8%.
Estas cifras son relevantes, aun sin los datos actualizados con los resultados de las elecciones locales y federales de personas juzgadoras de 2025, porque desde el 6 de junio de 2019 se había establecido en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el deber de incorporar en los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales el principio de paridad de género.
Seguramente, será en la siguiente elección de personas juzgadoras, en la que se renueve el 50% del Poder Judicial de la Federación y el porcentaje correspondiente de las entidades federativas, cuando se logre la paridad de hombres y mujeres en juzgados y tribunales.
Una vez lograda esa paridad, junto con la de los otros dos Poderes de la Unión, deberán terminar sus procesos paritarios las entidades federativas. El rezago mayor se encuentra aún en los municipios, en los que menos del 30% hay mujeres a la cabeza.
Los pendientes de la equidad entre hombres y mujeres en el resto de los ámbitos sociales son aún mayores, desafortunadamente. Se concentran en la brecha salarial y en la distribución de labores en el hogar, tanto en las de cuidado de otras personas como en las de limpieza.
Además, subsiste la resistencia simbólica a perder el control de las mujeres. La respuesta a las diversas formas de igualdad sigue teniendo manifestaciones violentas dentro de la pareja y la familia prácticamente en todos los estratos sociales.
El marco jurídico mexicano reconoce al menos 11 formas de este tipo de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica, familiar, laboral, institucional, feminicida y digital.
Hemos logrado caracterizar la violencia, pero queda aún pendiente menguar su frecuencia de manera inequívoca.
¿Es suficiente que mujeres participen en la elaboración y conducción de las políticas públicas, en la elaboración de las leyes, para erradicar la violencia? No. ¿Es suficiente que más mujeres juzguemos con perspectiva de género para inhibir la comisión de estas conductas violentas? No. La tarea, ahora, me parece, debe dirigirse a los hombres de manera más integral. Subsiste un problema fundamentalmente ideológico, cultural.
La legitimidad de los supremacismos (étnicos, religiosos, de clase) permite la subsistencia de cualquiera de ellos, como el patriarcado. Sociedades profundamente desiguales en la distribución económica se acompañan de ideologías de la desigualdad “natural”.
Ahí es en donde nos toca incidir. En una cultura de igualdad que llegue a la vida más íntima de nuestra sociedad.
Ministra SCJN
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