El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la institución de seguridad social más grande de Latinoamérica, cumple 83 años este lunes 19 de enero.
Se trata de uno de los experimentos de política social más ambiciosos del Estado mexicano.
El artículo 123 constitucional redactado por los constituyentes de 1916-1917 recogió las demandas de décadas de sobreexplotación de las y los trabajadores mexicanos.
Francisco J. Múgica, Heriberto Jara y Froylán C. Manjarrez —quien exigió "todo un capítulo, todo un título de la carta magna" dedicado a los trabajadores— consagraron a México como pionero mundial del constitucionalismo social con la inserción de los derechos laborales en la Carta Magna.
Alfonso Cravioto expresó la ambición fundacional: "así como Francia ha tenido el alto honor de consagrar los inmortales derechos del hombre, así la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros".
El IMSS surge como el principal garante de su materialización.
En sus 83 años de vida, ha sido configurado bajo tres modelos conforme a los vaivenes ideológicos del siglo XX mexicano: el modelo solidario de 1943, el modelo universalista de 1973 y el de la capitalización individual de 1997.
Hoy tiene 78 millones de personas derechohabientes y un presupuesto de cerca de billón y medio de billones de pesos y es el Instituto representativo del país.
La fracción XXIX del artículo 123 original de 1917 confiaba a las "Cajas de Seguros Populares", como modelo mutualista descentralizado de "utilidad social", algunas prestaciones sociales.
La reforma del 6 de septiembre de 1929, impulsada por el presidente Emilio Portes Gil, ordenó la expedición de una Ley del Seguro Social, para federalizar la seguridad social hacia un modelo público obligatorio.
La Ley del Seguro Social publicada el 19 de enero de 1943 instaló al IMSS, que inició sus operaciones el 1 de enero de 1944. El modelo adoptado fue el de un seguro obligatorio, financiamiento de manera tripartita (Estado-patrones-trabajadores) con cobertura limitada a asalariados formales.
Estableció cuatro ramos de seguro: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, invalidez-vejez-muerte, y cesantía involuntaria en edad avanzada. Extendió la tutela estatal del ámbito fabril a los derechos sociales: salud, reproducción familiar, pérdida de capacidad productiva y consecuencias negativas del mercado laboral.
La Ley del 12 de marzo de 1973, promulgada durante el gobierno de Luis Echeverría, representó la mayor expansión del sistema. Incorporó el seguro de guarderías para hijos de aseguradas, extendió la cobertura a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios bajo el concepto de "solidaridad social" y consolidó un sistema de pensiones de reparto con requisitos de 500 semanas cotizadas y cálculo basado en el salario promedio de las últimas 250 semanas. La cobertura poblacional creció del 9.6% en 1960 al 47.5% en 1990.
La Ley del 21 de diciembre de 1995, vigente desde el 1 de julio de 1997, marcó el giro de la visión del “pacto social” presente desde los gobiernos posrevolucionarios. A iniciativa del presidente Zedillo, el nuevo sistema trasladó la administración de los recursos de las pensiones a entidades privadas dentro del sistema financiero, introduciendo la lógica del mercado en la seguridad social. Las personas trabajadoras, ahora responsables únicas de su pensión, tendrían que asumir los riesgos bursátiles del mercado de manera personal. El Estado pasó de garante a ente regulador de agentes privados.
La reforma de pensiones del 16 de diciembre de 2020, vigente desde 2021, reconoció e intentó corregir deficiencias del sistema de capitalización individual, a través del incremento gradual de las aportaciones patronales del 6.5% al 15% para 2030; la reducción de semanas cotizadas requeridas de 1,250 a 750 (aumentando gradualmente hasta 1,000 en 2031), y una Pensión Mínima Garantizada flexible que varía entre 2,622 y 8,241 pesos mensuales según edad y semanas cotizadas.
El IMSS permanece hoy como el instrumento más poderoso del Estado social mexicano, heredero directo del constitucionalismo social de 1917.
Ministra de la SCJN