Hoy, 22 de marzo, las Naciones Unidas convocan a pensar en la desigualdad de la disponibilidad del agua. En 53 países, en 7 de cada 10 hogares sin agua corriente, son mujeres y niñas las que recolectan el agua. Horas y horas en las que dejan de ir a la escuela o al trabajo. La crisis del agua se concentra en la mujer.
Esa crisis no es accidental; tiene una historia política: decisiones, intereses, ideología.
Según ONU-Agua, más de 2,100 millones de personas carecen de acceso a agua potable en condiciones adecuadas. Para 2050, 5 mil millones podrían enfrentar escasez. La agricultura concentra ya el 70% de las extracciones globales, y el consumo tecnológico añade presión: el desarrollo de un solo modelo de inteligencia artificial (GPT-3) requirió aproximadamente 700 mil litros de agua solo para enfriamiento.
La privatización del agua impulsada en las décadas de 1980 y 1990 produjo tarifas más altas, menor calidad y pérdida de rendición de cuentas. Y fracasó.
Entre 2000 y 2015, al menos 235 casos de los servicios hídricos privatizados fueron devueltos al control público.
Por ejemplo, en Cochabamba, Bolivia, la entrega del sistema hídrico a la empresa Bechtel incrementó las tarifas hasta 300%, lo que desató movilizaciones populares que costaron vidas. Se canceló la concesión. Una década después, Bolivia llevó ante la ONU la propuesta que culminó el 28 de julio de 2010 con la resolución 64/292: el reconocimiento del agua como derecho humano.
En México, la Ley de Aguas Nacionales de 1992 convirtió el recurso hídrico en bien comerciable. Podía especularse con las concesiones, acumularlas y usarlas como garantía financiera. Entre 1917 y 1992 se otorgaron alrededor de 2 mil concesiones de agua; en la primera década de la nueva ley se entregaron 360 mil, casi 100 al día. Lo que siguió fue una sobreexplotación silenciosa que empezó a generar crisis como la de Monterrey en 2022 y el desastre del Río Sonora en 2014.
Actualmente, en México, 12 millones de personas no tienen acceso a agua potable, y nuestro país es el primer consumidor de agua embotellada en el mundo.
En los años sesenta, Garrett Hardin postuló —sin investigación empírica— que los bienes comunes tienden inevitablemente al agotamiento por el uso colectivo. En 2009, Elinor Ostrom recibió el Nobel de Economía por demostrar exactamente lo contrario: que las comunidades son capaces de gestionar bienes comunes de manera sostenible cuando cuentan con instituciones adecuadas.
El agua es un bien común irreductible. Como el aire, como el lenguaje, como la democracia, solo pueden existir plenamente como práctica compartida. No pueden privatizarse sin destruir una porción esencial de su significación. Reconocer los bienes comunes es reconocer la condición de posibilidad de lo humano.
El constitucionalismo mexicano de 1917 incorporó al agua como patrimonio de la nación. La reforma de 2012 al articulo 4o. estableció el derecho humano al agua.
Dice nuestra Constitución:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación