Viendo o dejando morir al AICM

Laura Manzo

Hace unos días en el proceso de compra vía digital, Volaris tuvo a bien recordarme el porcentaje del costo del boleto que se queda el aeropuerto. Quienes viajamos y hacemos uso del Benito Juárez, pagamos la tarifa de uso aeroportuario (TUA) más alta de todo México. Este mes, la TUA vigente es de $501.37 pesos más IVA para vuelos nacionales, y $951.99 pesos más IVA, para internacionales.

 En 2019, año prepandemia por Covid-19, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el AICM movió a más de 50 millones de pasajeros. Para 2020, el tráfico se redujo a un poco menos de la mitad, pero para septiembre de este 2021, el AICM ya había transportado a casi 25 millones. Las dos terminales con las que cuenta, mueven prácticamente la misma cantidad de viajeros. Y, entendiendo esto, ¿por qué entonces el aeropuerto Benito Juárez está en condiciones tan miserables? ¿Por qué los pasajeros constantemente se quejan de largas filas y mala atención? Cosa interesante lo que sucede.

El AICM cuenta con tres tipos de ingresos: los públicos, que el Congreso le aprueba anualmente, los que el aeropuerto genera por servicios como renta de locales, y los que vienen del Fideicomiso privado 2172, constituido a efecto de administrar los recursos para el pago de los financiamientos para la construcción del NAICM, transferidos finalmente a Santa Lucía.

De 2018 a 2020, mientras hemos visto cómo en la T1 se caen los plafones del techo, se inundan los pasillos, huele a caño, no hay personal suficiente para bajar las maletas del avión, no hay orden para aplicar las medidas preventivas de Covid-19 y dejan que la gente se amontone en el filtro de seguridad, mientras hemos visto cómo se simula mantenimiento con ajustes patito cambiando un piso que no hace falta, el AICM ha reportado, año con año, subejercicios.

Según datos obtenidos y cuadrados con los informes presentados en el portal de transparencia del AICM y los informes presentados por la SHCP al Congreso, en los años 2018, 2019 y 2020 se han registrados subejercicios hasta de dos mil millones de pesos. En 2019, el Congreso le asignó al AICM cerca de 8 mil millones de pesos de presupuesto, sin embargo, ese año, el AICM solo ejerció 6 mil millones.

Para 2019, con un presupuesto similar, el AICM registró un subejercicio de poco más de mil 300 millones de pesos, y en 2020 reportó, aun después de un recorte que sufrió por parte del Ejecutivo para ajustarlo de 11 mil a 8 mil 700 millones de pesos de presupuesto, otro subejercicio de 2 mil millones de pesos.

La administración, la pésima o cuestionable administración, mejor dicho, del AICM termina devolviendo dinero al gobierno. Grave. Más grave aun cuando encontramos que además del subejercicio, el AICM ha dejado desde 2018 cuentas por pagar, generando así deudas que tiene que solventar al año entrante.

En 2021, el AICM ha tenido que solventar tres mil 500 millones de pesos en deudas, con un presupuesto público reducido a seis mil millones de pesos. En 2019, solventó mil 600 millones de pesos en deuda. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Para qué dejar cuentas por pagar? ¿Para devolver el dinero al Estado? ¿Y se devuelve dinero al Estado y se sacrifica el servicio al usuario con qué razón?

Válido hacer estas preguntas mientras se anuncia que el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía tendrá una TUA cuatro veces más barata que la del AICM.

Mientras Sedena reporta el 80% de avances en la construcción del AIFA que promete inaugurar en marzo del año entrante, un aeropuerto mucho menos ostentoso que aquel proyecto de Norman Foster y Fernando Romero.

Mientras expertos como los que conforman el colectivo “Más Seguridad aérea, menos ruido” argumentan, contrario al gobierno, que la operación simultánea entre AIFA, Toluca y AICM es inviable.

Mientras los usuarios seguimos padeciendo la mediocridad, por ineficiencia y corrupción —la SFP ha remitido 41 expedientes del AICM y Servicios Aeroportuarios de la CDMX al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por posibles faltas administrativas cometidas por servidores públicos. ¿Creemos que se resolverán con justicia?

 

Periodista.
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