Consultar al pueblo, abusando de su falta de información. Una y otra vez. Eso hace el presidente cuando lanza una solicitud de consulta popular para temas que van del nuevo aeropuerto hasta la legalización del aborto. Y el pueblo, el poco pueblo que asiste a la consulta a dejar su opinión, no sabe que está siendo utilizado y que hay cosas que pueden ir en su propia contra. La ignorancia se perpetúa porque no se construyen mecanismos de información verdadera y eficiente para que el pueblo pueda decidir desde un mejor lugar, y solo provoca mayor descomposición en su presente y en su futuro. Cuando AMLO pide levantar consulta sobre enjuiciar a expresidentes, es un asunto político que aliviará el enojo del pueblo por la corrupción y sumará a su imagen de incorrupto, y sumará a las elecciones intermedias a su partido. Por lo menos esa pareciera la intención.
Pero cuando AMLO sugiere una consulta ciudadana para decidir la legalización del aborto resulta más que un insulto. ¿Por qué? Porque va en contra de la vida de las mujeres. Los abortos mal practicados representaban en Oaxaca -donde se legalizó en 2019- la tercera causa de muerte materna, de acuerdo con cifras de la Dirección General de la Epidemiología de la Secretaría de Salud. Los derechos humanos no son negociables, ¿de qué habla el presidente?
Además, en México solo el 35% de la población tiene acceso a métodos de planificación familiar. ¿De qué habla el presidente? Y no, el pueblo no es ignorante. El pueblo no tiene la información que necesita y que el Estado debe proveer a través de la educación y otros mecanismos. El tema del aborto es polémico por la falta de información. Datos de Naciones Unidas confirman que donde el aborto es legal no se dan más abortos, pero sí se evitan muertes de mujeres que no tienen los recursos para ir a practicarse uno de forma segura. Legalizar el aborto no es hacerlo obligatorio, es establecer las condiciones de salud y seguridad para las mujeres que así lo requieran y deseen, y reducir los riesgos. Los riesgos de que las violen también. Hay casos de mujeres que asisten a clínicas clandestinas, que además resultan abusadas por quien las atiende.
Una de las consecuencias más graves del encierro durante la pandemia, sabemos que fue el aumento de la violencia contra las mujeres. Esto incluye la violencia sexual. Lo que no solo queda en el daño psicológico sino en el físico, y a veces, resulta en embarazos no deseados.
Hoy en día, el aborto está despenalizado durante las primeras 12 semanas de gestación solo en la Ciudad de México y en Oaxaca. La causal por violación es aplicable en todo el país; por el riesgo a la vida, solo en 23 estados; y por salud, en 16. Pero la realidad es que, a excepción de las primeras dos entidades, en el resto del país sigue siendo restrictivo y es un asunto complicadísimo de llevar a cabo, y que termina muchas veces en sanción penal.
En Quintana Roo, donde colectivos feministas mantienen tomado el congreso local desde hace unas semanas, la vocera de Marea Verde del estado, Yunitzilim Pedraza, confirmó que en los últimos meses se han incrementado, incluso duplicado las solicitudes de acompañamiento para interrumpir el embarazo. Mientras, en la Ciudad de México, datos del ILE de la Secretaría de Salud muestran durante el año anterior una fuerte disminución de asistentes a la interrupción legal del embarazo, desde los diferentes estados, mientras que el número de atenciones desde la misma Ciudad de México se redujo en un 40%. Mientras en enero de 2020, asistieron a las clínicas del ILE mujeres provenientes de 25 entidades distintas, en julio solamente se registraron pacientes de 11 entidades. Y precisamente las que desaparecen son las entidades más lejanas como Baja California, Sonora y Coahuila. ¿Dónde han ido a abortar esas mujeres? Va ganando la ignorancia y su mal manejo del país, señor presidente.
