Pasan los días y las cosas se calientan. Que de por sí ya estaban complicadas. El pleno del Congreso de Quintana Roo rechazó despenalizar la interrupción legal del embarazo, y el dictamen fue desechado definitivamente, ya que no será regresado a la Comisión de salud para revisión. Las feministas de Marea Verde, que habían ocupado la sede del poder legislativo del estado para presionar a los diputados, prometieron no bajar la guardia, y los grupos pro vida lograron colocar el #NoFueLey a nivel nacional para festejar en redes sociales.
Morena se lleva la carga principal en esta y en otras responsabilidades sobre la injusticia que viven las mujeres hoy en México, pero otros partidos están involucrados también. La hipocrecía de la Morena izquierda prevalece, no se diga más de la doble moral panista, y sumemos la conveniencia política del PRI, PRD, Verde y PT.
El dictamen que proponía reformar el artículo 92 del Código Penal para definir el aborto como la interrupción del embarzado después de la semana 12 de gestación y no como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazao intrauterino”, recibió votos en contra por parte de las morenistas como Euterpe Alicia Gutiérrez, Linda Cobos y Paula Pech Vázquez, los verdes José de la Peña Ruíz y Erick Gustavo Miranda, los panistas Aurora Concepción Pool, Kira Iris San, María Yamina Rosado y Eduardo Lorenzo Martínez, el petista Roberto Erales, el perredista Pedro Enrique Pérez y el priísta Carlos Rafael Hernández.
Y lo único que finalmente se logra es seguir obstaculizando los derechos de las mujeres. Es un hecho, aquellas que no tengan los recursos para viajar a Oaxaca o a la Ciudad de México para practicarse un aborto seguro, terminarán acudiendo a una clínica clandestina y sus vidas correrán peligro. Así, deshechar esta propuesta ha sido un acto más de discriminación.
Los datos de la Secretaría de Salud de la CDMX muestran que el 30 por ciento de las mujeres que se han intervenido por una ILE provienen del interior del país. Desde Baja California hasta Quintana Roo, y desde Nuevo León a Chiapas un total de 70 mil 515 mujeres han acudido a la capital del país para interrumpir su embarazo desde que este se instauró. La necesidad existe y los números nos dicen que las mujeres intentan y seguirán intentando resolverla de la forma que puedan. Legal o no.
El estado de Oaxaca que despenalizó el aborto en noviembre de 2019, también pudiera dar algunas evidencias de que el ofrecer servicios de aborto seguro a las mujeres no provoca un aumento significativo de casos. En el año 2007, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó la asistencia de dos mujeres de la zona del Istmo. Aquel fue el menor número registrado entre 2007 y 2020. El mayor fue de 41 en 2018. A partir de entonces, el numero de mujeres proveniente de Oaxaca disminuyó. En 2019 se reportaron 26, y para septiembre del año pasado, solo diez mujeres de Oaxaca acudieron al centro del país para este proceso. Por su parte, el ILE de Oaxaca reportó 26 casos durante 2020. Si sumamos los ILE de mujeres oaxaqueñas tenemos 36 casos el año pasado, un número menor a 2018 cuando más mujeres acudieron a la Ciudad de México desde aquel estado.
Y escribo pudiera porque el registro del ILE de la CDMX durante el primer año de pandemia se vio reducido en sus entradas desde el interior de la república, sin embargo en el caso de las mujeres oaxaqueñas, el ILE estaba a su servicio en su entidad.
Cada diputado que vote en contra de la legalización del aborto está obstaculizando los derechos de las mujeres, está impidiendo que avancemos hacia la equidad de género, y esto afecta no a las minorías sino a la mitad de la población. Que quede en su haber.