De las cosas que se habla poco, se informa poco y se sabe poco. De las cosas que no son legales, pero tampoco ilegales. De los vacíos que el Estado no atiende, simplemente porque no le da, por la razón que sea, aunque sea su obligación. De esas cosas, tantas en nuestro país. De los cuerpos que se convierten en objetos, de las adolescentes obligadas por sus familiares a cargar un hijo que no se quedará, de los vientres gestores de un negocio millonario de alquiler. De esos, tantos otros en nuestro país.
Hasta hoy en México, solo dos estados tienen regulada la maternidad subrogada. Esta práctica que, de acuerdo con los datos obtenidos vía transparencia, ha cobrado auge en los últimos años, y que el encierro por Covid-19 no detuvo. En Sinaloa, del año 2019 hasta la primera semana del mes de julio de este año, la Secretaría General de Gobierno ha registrado 16 contratos de gestación subrogada. El gobierno de Tabasco, por su parte, reporta que de junio del año 2016 a junio del año 2021 se han registrado 47 contratos de gestación subrogada. En ambas entidades, el número de contratos ha ido incrementando año con año. Sin embargo, de acuerdo con la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), cada año son gestados alrededor de 5 mil niñas y niños para ser vendidos en el extranjero (donde el proceso cuesta el doble), a través de agencias que se dedican a gestionar dicho servicio. La clandestinidad, le llaman.
En la ecuación, todos ganan. Las compañías privadas que actúan como gestoras, los padres que pagan por un “espacio” donde pueda desarrollarse su embrión, los hoteles que hospedam a esos padres cuando vienen a ver a la embarazada o a recoger a su hijo… Todos ganan menos uno, el vientre arrendatario. Aunque las mujeres, normalmente de origen precario, suelen cobrar entre 70 y 100 mil pesos por embarazo, las historias se cuentan por cientos cuando se trata de anteponer sus derechos humanos frente a los asuntos económicos de las partes contratantes.
Pero no fue en principio por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió exhortar al Congreso y a los gobiernos locales para que de manera urgente legislen sobre la gestación subrogada. El Pleno de la Corte comenzó con la discusión a partir de un amparo interpuesto por la empresa Fertility Center, que impugnó que el Código Civil de Tabasco impide que compañías privadas puedan actuar como gestoras y mediadoras en los contratos de maternidad subrogada. Este tipo de empresas suelen cobrar entre 600 y 800 mil pesos a los papás deseosos. Y al final, aunque el objetivo que enuncia la SCJN es evitar prácticas abusivas sobre las mujeres que alquilan su vientre o sobre los menores nacidos a través de esta técnica, el tema de que termine siendo un hecho altruista, es decir que la madre no pueda recibir dinero y deba “hacer el servicio” de forma gratuita, perpetuará el problema.
En la mayor parte de los casos hay acuerdos económicos y que si se siguen dando al margen de la ley, las mujeres terminarán otra vez sin protección legal. Con todas las aristas y la polémica que la maternidad subrogada implica, en este tema falta mucho por hacer. Es un avance el exhorto a la legislación por parte de la SCJN, pero habrá que revisar paso a paso.
