En México, cada vez que se publica una cifra sobre violencia contra las mujeres, la conversación pública se fragmenta: unos discuten seguridad, los señoros ideología, otros estadísticas. Casi nadie habla de economía. Y sin embargo, la violencia es una variable económica.
No es solo una tragedia humana —que lo es—, ni únicamente un problema penal. Es un factor que determina participación laboral, acceso a activos, permanencia en el empleo, emprendimiento y movilidad social femenina.El Banco Mundial acaba de publicar su índice Women, Business and the Law 2024, que evalúa 190 economías, y su hallazgo central debería obligarnos a replantear el debate: ninguna economía ha alcanzado igualdad legal plena entre mujeres y hombres. México tampoco.
El país de Sheinbaum obtiene 82.5 sobre 100 en marcos legales. Es decir, en el papel, el andamiaje jurídico es relativamente sólido. Pero el índice ya no mide solo leyes. Evalúa también los mecanismos de implementación y lo que ocurre en la práctica. Y ahí la brecha aparece con calificaciones muy por debajo de ese 82: 65 y 41.
El promedio global de marcos de apoyo —presupuesto, supervisión, políticas públicas efectivas— es apenas 39.5 sobre 100. En otras palabras: la infraestructura institucional para que las leyes funcionen está incompleta en casi todo el mundo. Y la violencia entra exactamente en esa grieta.
El indicador de “Seguridad” del Banco Mundial es uno de los más bajos del informe. No es casualidad. Sin seguridad física y económica, la igualdad formal se vuelve abstracta. En México, la violencia económica y patrimonial está reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Existe tipificación. Existen órdenes de protección. Existen juzgados especializados. Existe marco normativo. Pero el reconocimiento jurídico no equivale a restitución efectiva de bienes, a cumplimiento sistemático de pensiones alimenticias, a protección rápida del empleo cuando hay violencia, ni a acceso expedito a crédito cuando el patrimonio ha sido retenido por el agresor.
La violencia económica se manifiesta en cuentas bloqueadas, control del ingreso, sabotaje laboral, impedimento para trabajar, despojo de bienes o incumplimiento de obligaciones alimentarias. Todo eso tiene consecuencias productivas.
La participación laboral femenina en México ronda el 46–47%, muy por debajo del promedio de economías desarrolladas. Parte de esa brecha está vinculada a cuidados no remunerados. Pero otra parte está vinculada a entornos inseguros y dependencia económica derivada de violencia.
Aquí es la discusión se vuelve fiscal. Este año, el Congreso vuelve a discutir el Paquete Económico. Y cada año que el presupuesto no incorpora de manera estructural la prevención de violencia, la protección patrimonial y el financiamiento sostenido de un sistema nacional de cuidados, el Estado está tomando una decisión económica. Un sistema nacional de cuidados plenamente financiado no es un programa social accesorio. Es una política de productividad. Reduce dependencia económica, libera tiempo para empleo formal y disminuye vulnerabilidad frente a violencia doméstica.
Si el país quiere hablar de reactivación, de crecimiento, nearshoring, competitividad y desarrollo, tiene que hablar en serio de violencia económica. No hay economía fuerte con la mitad de su población operando en entornos inseguros, dependientes o patrimonialmente vulnerables.
El Congreso puede seguir reformando leyes y celebrando avances normativos. Pero mientras el presupuesto no trate la violencia como un riesgo económico estructural —y no solo como un problema penal—, la igualdad seguirá siendo formal.
Es indispensable que la igualdad ante la ley se vea reflejada cuando una mujer puede conservar su patrimonio, sostener su empleo y salir de una relación violenta sin empobrecerse. Todo lo demás es narrativa.