¿Cómo es posible que hayamos esperado hasta 2026 para que la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República acuerden compartir bancos de datos y rastrear agresores? ¿O sea no sucedía? “Buscan identificar si una persona señalada por violencia de género cuenta con antecedentes penales vinculados a otros casos o delitos”, anunciaron en un comunicado esta semana. ¿O sea no sucedía? El convenio publicitado ahora como una gran novedad era lo mínimo, lo elemental para mayor eficiencia. Será hasta ahora que el Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) se conecte con bancos forenses federales. ¿Entonces de qué clase de justicia estábamos hablando cuando dijimos buscarla para las mujeres violentadas? Y no es porque no existía una Secretaría de las Mujeres anteriormente. Las dudas son legítimas. ¿Por qué hasta hoy algo que debió ser prioridad desde hace década y media?
El BANAVIM existe desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, y empezó a operar formalmente en 2010. Para 2023 ya acumulaba más de 366 mil registros de agresores. Es un banco nacional que, en teoría, concentra órdenes de protección, perfiles de víctimas y patrones de reincidencia. Sin embargo, nunca se conectó de forma sistemática con los bancos forenses federales ni con el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR. Entonces, los datos seguían fragmentados: fiscalías estatales por un lado, federales por otro, y el BANAVIM dependiendo de la voluntad —y la calidad— de la información que cada entidad quisiera subir. El resultado ha sido seguramente agresores que migran de estado, reinciden sin alerta inmediata y obtienen medidas cautelares insuficientes o directamente quedan libres.
Ahora, a lo largo del tiempo hemos visto anuncios similares: reformas, protocolos, convenios interinstitucionales firmados en sexenios anteriores que terminaron en el cajón por falta de presupuesto, capacitación o voluntad política. Las alertas de violencia de género, declaradas en 24 entidades desde 2015, no han bajado sustancialmente los feminicidios —y la cifra oficial siempre subestima el problema, pues solo una fracción de los asesinatos de mujeres se tipifica con perspectiva de género. En 2025, por ejemplo, se registraron 444 feminicidios tipificados solo de enero a agosto —un promedio de 1.8 al día, según el SESNSP—, pero cerca de 6 mil mujeres fueron asesinadas en total durante el año, aunque la mayoría de casos quedaron como homicidios dolosos comunes. ¿Este acuerdo será distinto? La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, trae un enfoque declarado en datos y estadística, y el convenio promete eliminar doble captura, capacitar personal y agilizar investigaciones. Bienvenido. Pero la violencia contra las mujeres no se frena solo con cruce de información: necesita fiscalías que investiguen con perspectiva de género, jueces que no revictimicen, refugios suficientes y sentencias que se cumplan. Sin eso, será otro ejercicio burocrático que se queda en anuncio y “buenas intenciones”.
Y no podemos ignorar los riesgos en la protección de datos personales. El intercambio involucra información altamente sensible, principalmente de las víctimas: nombres completos, domicilios, detalles íntimos de las agresiones sufridas y órdenes de protección vigentes. En un país con antecedentes de filtraciones masivas de datos gubernamentales y confianza institucional en mínimos históricos, surge la duda legítima: ¿existen protocolos estrictos de ciberseguridad que garanticen que esta información no será vulnerada? Los anuncios del convenio mencionan capacitación y certificación del personal para mejorar la calidad de los datos, pero no detallan medidas específicas de seguridad técnica, encriptación ni mecanismos claros de rendición de cuentas en caso de brechas o mal uso.
Cualquier avance que facilite identificar agresores y proteger vidas merece reconocimiento. Pero la experiencia histórica obliga al escepticismo. México ha creado registros, declarado emergencias y firmado compromisos internacionales sin que los números bajen de forma significativa. Peor aún, mientras la violencia persiste, la conversación pública se agota. En 2025, pese a cientos de feminicidios documentados, la cobertura mediática de la violencia contra las mujeres apenas representó el 16% de la agenda en temas de seguridad, según el monitoreo realizado por CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.), una organización especializada en el análisis periodístico con perspectiva de género. La incidencia es tan alta y tan prolongada que agota. Los casos dejan de ser noticia de portada y se convierten en estadística fría. El tema parece desvanecerse de los medios y las agendas políticas, justo cuando más coordinación se necesita.
Que este convenio no sea bombo y platillo para luego pasar a la ineficiencia. Que sea coordinación real -federal, estatal y municipal, que salve vidas, que evite que mañana otra mujer sea golpeada, violada o asesinada mientras a las instituciones no se les ocurre accionar lo esencial. Que signifique menos madres enterrando hijas, menos niñas creciendo con miedo, menos familias destrozadas por la impunidad. Para empezar a creerlo, lo urgente: que se publique el documento íntegro -hasta ahora solo está el comunicado. Las mujeres mexicanas están agotadas, más que de esperar, de morir.
@LauraManzo