Hay violencias que el Estado no niega, pero tampoco termina de mirar. Las administra: las ordena en categorías, las diluye en cifras y en respuestas furibundas, las convierte en un problema general para no hacerse cargo de sus diferencias.
México acumula alrededor de 133 mil personas desaparecidas desde 2006 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Aquí conviene precisar. La desaparición forzada —según Naciones Unidas— ocurre cuando una persona es privada de la libertad por agentes del Estado, o por particulares con su autorización, apoyo o aquiescencia, y posteriormente se niega información sobre su paradero. Es la imputación de responsabilidad estatal. Y, sin embargo, el término ha empezado a usarse con ligereza, como si nombrarlo bastara para diluir lo que implica. No lo diluye. De hecho, lo agrava.
La intervención del Comité contra la Desaparición Forzada no es rutinaria. El Comité no afirmó que las más de 133 mil personas desaparecidas en México sean víctimas de desaparición forzada. Señaló algo distinto y mucho más incómodo: que la desaparición forzada ocurre en el país y que, por su persistencia, puede ameritar la activación del artículo 34 de la Convención, que llevaría el expediente a la Asamblea General.
En esa misma decisión, el Comité cita la cifra total —más de 133 mil personas desaparecidas— no para equiparar los casos, sino para dimensionar la crisis. Es decir: no todas las desapariciones son forzadas, pero todas son desapariciones. Y el volumen del problema vuelve insostenible reducir la discusión a una disputa técnica.
Ahí es donde la respuesta del gobierno se desvía. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum se centró en el encuadre: “el Estado mexicano no está rebasado”. La discusión se desplazó hacia cifras, tipologías y defensa institucional. Pero un Estado no deja de estar rebasado por decir que no lo está. Menos aún cuando responde a una crisis estructural reduciéndola a una discusión clasificatoria. Porque esa distinción, utilizada así,
no aclara el problema. Lo fragmenta. Y al fragmentarlo, lo diluye.
Los datos empujan en sentido contrario. Reportes apuntan a un promedio cercano a 40 desapariciones diarias, mientras que la violencia contra las mujeres sigue otra lógica. En México, en promedio, 14 mujeres desaparecen o son asesinadas cada día, con focos en Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.
Ahí cambia el ángulo del debate. La respuesta oficial tampoco repara algo central. La violencia no es homogénea. No desaparecen igual los hombres que las mujeres. No desaparecen igual las niñas que las adultas. No desaparece igual quien es absorbido por economías criminales que quien es captada por redes de trata o violencia sexual. Y, sin embargo, la narrativa institucional sigue hablando de “las desapariciones” como si el plural bastara.
Organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos han advertido que las desapariciones de mujeres y niñas requieren respuestas diferenciadas que hoy no existen plenamente. Fallas en investigación, vínculos insuficientemente reconocidos con la trata y el feminicidio, y revictimización de las familias.
La escena de Ceci Flores encontrando los restos que atribuyó a su hijo no es excepcional. Es la repetición de un cuento de terror: el Estado hace que investiga —a veces—, pero las mujeres buscan y sostienen la verdad.
Hablar de desapariciones como un todo permite administrar el problema. Hablar de desapariciones atravesadas por género obliga a reconocer violencias específicas, omisiones diferenciadas y respuestas desiguales. Esa diferencia es política.
México discute mientras evita responder qué vidas se buscan distinto, cuáles se investigan peor y cuáles se pierden dos veces.
Y en esa omisión, también hay una forma de desaparecer.
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