“Argüendera”, le decía públicamente un colega a Vania Pérez Morales cuando, desde la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), insistía en denunciar irregularidades. Antes, cuando recién había ingresado al Comité de Participación Ciudadana, algunos señoros le sugerían consultar mejor a “expertos”. Por no venir del servicio público. Por ser mujer. Ser licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, maestra en Trabajo Social con enfoque en Desarrollo Humano y doctora en Ciencias Políticas y Sociales no parecía suficiente. “Como si yo no supiera”, me dijo en entrevista para este espacio.
No eran episodios aislados. En 2024 y 2025, su nombre saltó a la conversación pública por algo más grave que el ninguneo: denuncias internas dentro del propio SNA, acusaciones de bloqueo institucional y señalamientos cruzados que exhibieron fracturas profundas en el órgano creado para combatir la corrupción. Este mismo diario documentó la crisis interna del SNA, incluyendo disputas por la presidencia del Comité y cuestionamientos sobre la legitimidad de algunos integrantes. Pero el dato más delicado es otro. Hoy, según afirma la propia ex presidenta, “no hay reconocimiento de una presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción justamente por posibles hechos de corrupción”, lo que coloca al órgano en una crisis de legitimidad.
Vania denunció públicamente intentos por frenar investigaciones y la falta de condiciones mínimas para proteger a denunciantes. “No hay protección, no hay los mínimos de confidencialidad ni de anonimato respecto a las denuncias”, me dijo. El costo personal fue alto: campañas de descrédito, ataques en redes y acusaciones de “enferma mental” por levantar la voz. El patrón es reconocible. Cuando una mujer incomoda estructuras de poder, se descalifica su carácter antes que sus argumentos.
La corrupción es un sistema que administra privilegios. Y, como casi todos los sistemas de privilegio, tiene efectos diferenciados. La Métrica Transversal para Estimar el Impacto Diferenciado de la Corrupción —desarrollada por instancias del propio SNA— ha advertido que las mujeres enfrentan riesgos específicos, entre ellos la sextorsión: el intercambio forzado de favores sexuales por servicios públicos. El U4 Anti-Corruption Resource Centre (2024) de Transparencia Internacional, documenta cómo la corrupción restringe el acceso de las mujeres a salud, justicia y participación política, particularmente en contextos donde las redes clientelares y criminales capturan instituciones.
En México, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI, 2023) reporta que el 14.7% de la población tuvo contacto con algún acto de corrupción en trámites o servicios públicos. Pero las cifras agregadas no capturan lo invisible: el acoso, la revictimización o el miedo a denunciar. La corrupción no solo se mide en sobornos pagados; también en derechos condicionados.
La tragedia del mes es estructural. El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional ubicó a México con 31 puntos sobre 100 y en la posición 126 de 180 países, el puntaje más bajo desde que se utiliza la metodología actual. Entre los países de la OCDE, México permanece en el último lugar. Y por primera vez el análisis regional advierte explícitamente sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas en América Latina, incluyendo a México. “Por primera vez en la historia se nos señala como un país infiltrado por el crimen organizado”, resalta Vania. El informe habla de redes que favorecen lavado de dinero, tráfico ilícito y captura de estructuras estatales. La corrupción pasa de ser intercambio de favores a ser arquitectura de poder.
Entonces el caso de Vania no es anecdótico. Durante su gestión presentó alrededor de cien denuncias “a contracorriente”, como ella misma lo describe, muchas trabajadas con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y despachos pro bono porque las instituciones que debían investigarlas no lo hacían. “Hice cien denuncias con un equipo muy chiquito… trabajadas desde organizaciones que nos ayudaron a hacer el trabajo que deberían estar haciendo las instituciones”, afirmó.
El contraste es incómodo. México vive un momento inédito: una mujer en la Presidencia de la República y mujeres al frente de instituciones clave. El simbolismo importa. Pero el simbolismo no sustituye arquitectura institucional. El propio IPC subraya que sin sanción efectiva, sin autonomía presupuestal y sin garantías para quienes denuncian, los sistemas anticorrupción se debilitan. Y cuando se debilitan, lo primero que cae son las personas que denuncian.
El clásico “argüendera” para reducir un conflicto estructural a un rasgo personal. Cuando justo discutir, documentar y exigir rendición de cuentas es la esencia del control democrático.
Con esta historia tenemos una advertencia institucional. Si el órgano anticorrupción carece de liderazgo reconocido, el índice internacional habla de infiltración criminal y denunciar no garantiza confidencialidad ni protección, la discusión deja de ser moral y se vuelve estructural.
Así que ojo con ser mujer y denunciar.