En un golpe contundente contra uno de los cárteles más violentos, el gobierno federal logró neutralizar a uno de los objetivos prioritarios en materia de seguridad. El operativo, resultado de un minucioso trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional, representa un hito en la estrategia contra la delincuencia organizada.
Durante el despliegue táctico, las fuerzas especiales aseguraron fusiles Barret calibre 50, lanzagranadas y ametralladoras antiaéreas; esto evidencia el fracaso en el control de la venta de armas en Estados Unidos y la necesidad urgente de que ese país asuma su responsabilidad para desarticular las redes de tráfico que abastecen a los cárteles mexicanos.
El país avanza en la asignatura más compleja de la agenda público-política del país: la seguridad. La operación militar que culminó con la baja del capo más buscado del país (por quien EU ofrecía 15 millones de dólares), es el reflejo tangible de la pertinencia y eficacia de la estrategia de seguridad, basada en cuatro pilares fundamentales: atención a las causas, inteligencia, coordinación y cooperación nacional e internacional.
El éxito de esta operación es el resultado de la aplicación práctica de una política de seguridad donde la paz duradera se construye con justicia social. La continuidad y profundización de los programas sociales para jóvenes son el telón de fondo que arrebata al crimen la posibilidad de reclutarlos.
Con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dejó atrás el espionaje político y se transformó para fortalecer la investigación. La labor de inteligencia nacional, apoyada por el intercambio de información con EU, es parte de la clave del nuevo modelo.
La secretaría de seguridad que encabeza Omar García Harfuch, se ha fortalecido a partir de centralizar y profesionalizar la capacidad operativa y de investigación. La coordinación entre Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía y gobiernos estatales va desde la planeación hasta el control de los disturbios posteriores a los operativos. La respuesta institucional supera con creces la capacidad de desestabilización del crimen organizado.
La postura en la estrategia es clara: "Todas las operaciones se realizan por las fuerzas nacionales, no hay participación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es intercambio de información", con ello se marca la soberanía en la toma de decisiones.
Como parte de la estrategia de seguridad, la presidenta Sheinbaum ha enviado al Congreso reformas constitucionales y legales que atacan el problema de la inseguridad desde su raíz, mismas que en el legislativo hemos aprobado después de largos debates, tales como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de julio de 2025, o la reforma contra la extorsión publicada en enero de 2026.
Estas acciones legislativas, junto con la reestructuración del CNI y el fortalecimiento de las policías de investigación, demuestran que el combate a la criminalidad es integral: se castiga a la cabeza del grupo delictivo, se desarticula la red financiera y se transforma el marco legal para proteger a las víctimas y perseguir delitos de oficio.
Ante la realidad de un gobierno que abate al líder del cártel más poderoso, que reforma las leyes para proteger a los débiles y que coordina a sus fuerzas armadas con disciplina republicana, las críticas de la derecha nacional e internacional se quedan sin argumentos.
La contundencia con la que el gobierno enfrenta el flagelo legitima y afianza el proceso de transformación en México. Se construye un nuevo pacto social y un modelo de gobernabilidad democrática con una estrategia sólida que, como los hechos lo demuestran, funciona. México fortalece sus instituciones.
La combinación de resultados tangibles en materia de seguridad con un enfoque de gobierno que prioriza el bienestar social ha colocado a México en una posición de mayor respeto en el escenario global.
Queda pendiente que Estados Unidos cumpla con su parte, frenar el flujo de armas que alimenta la violencia. Lo ocurrido este 22 de febrero envía un mensaje claro: el Estado mexicano cada vez está más fuerte y mejor coordinado para recuperar la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos.