Raoní Beltrão do Vale/Latinoamérica21

José Antonio Kast, el candidato a las elecciones presidenciales por el Partido Republicano de Chile que llegó a la segunda vuelta en primer lugar prometió cercar la frontera, perseguir y capturar inmigrantes irregulares en centros de detención, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, mientras se procesa su expulsión del país. Así, además del nombre del partido, Kast también copió las propuestas antiinmigrantes de Donald Trump.

¿Quién es José Kast?

José Antonio Kast Rist tiene 55 años y se presenta como católico y conservador. Empezó en la política en el movimiento estudiantil gremialista y participó de la franja electoral del dictador Augusto Pinochet, en el plebiscito de 1988 y posteriormente fue electo diputado por cuatro mandatos consecutivos. En 2017 ocupó el cuarto puesto en las elecciones presidenciales con 8% de los votos y este 21 de noviembre pasó a la segunda vuelta en primer lugar, con cerca del 28% de los votos.

Es el hijo menor de inmigrantes alemanes ya fallecidos. En el libro “Misión de amor”, su madre, Olga Rist, narró como su padre, Michael Kast, ascendió a suboficial nazi, combatió en varios frentes, obtuvo documentos falsos y cruzó fronteras ilegalmente para huir a Argentina y luego a Chile con ayuda de otro oficial nazi. El candidato negó que su padre fuera adherente del nazismo, pero la prensa reveló los documentos que comprueban que Michael Kast se había afiliado al partido de Adolf Hitler.

Como candidato Kast ha prometido varias medidas polémicas que luego ha retirado debido a las críticas como la salida de Chile de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o eliminar el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, ha propuesto subsidios sólo para mujeres casadas y revocar la ley de aborto. Es admirador de Pinochet y amigo del presidente Jair Bolsonaro. Pero una de sus propuestas más radicales es, sin dudas, su política antiinmigración.

“Campos de concentración” para migrantes

Tras su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump declaró la persecución de cerca de 11 millones de inmigrantes para su detención y expulsión, bajo acusaciones infundadas de que millares cruzaban la frontera con la intención de cometer crímenes. Además del intento fallido del muro, su política de “tolerancia cero” contra la inmigración irregular resultó en la detención de miles de niñas y niños, quienes fueron separados de sus familias.

Los centros de detención de migrantes irregulares, sea en la frontera de Estados Unidos o en el Mediterráneo, han sido repudiados por organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y la ONU. Sin embargo, esta propuesta inspira campañas de extrema derecha en todo el mundo.

José Kast ha propuesto su propia versión del muro de Trump, prometiendo construir una zanja con rejas en la frontera para evitar el cruce irregular de personas. Además, inspirado en otras medidas del expresidente norteamericano, Kast promete el “Estatuto de Expulsión de Inmigrantes Ilegales” y la creación de una unidad de policía especializada en perseguir a personas en situación irregular en todo el territorio nacional.

Los derechos humanos de niñas y niños refugiados y migrantes

En su programa, José Kast promete que las medidas antiinmigración serán realizadas “con especial cuidado de los menores” y “conforme a derecho”. Sin embargo, la mera detención de niños y adolescentes por razones migratorias es una violación de derechos humanos. Los tratados internacionales y las leyes en la materia establecen que se debe observar el principio del interés superior de las niñas y adolescentes, además del derecho a no ser separado de su familia. Según datos oficiales, hay decenas de miles de menores en situación migratoria irregular en Chile, miles desacompañados.

Más de seis millones de venezolanos han abandonado su país y en Chile, según cifras oficiales desactualizadas, habría cerca de 500 mil, incluidos centenas de miles de niñas, niños y adolescentes. Desde 2018, la ONU solicita que los Estados protejan al flujo migratorio venezolano, conforme las leyes y tratados sobre refugiados, aplicables a la mayor parte de personas provenientes de ese país.

A lo largo de los últimos años, el presidente Sebastián Piñera ha hecho campaña explotando la crisis de la frontera y asociando la migración a problemas sociales como la delincuencia. El término “Chilezuela” fue la tendencia de las últimas elecciones chilenas, donde Piñera, con el apoyo de Kast, prometió “ordenar la migración” para que Chile no se convirtiera en Venezuela. Sin embargo, su gobierno empeoró la crisis al prometer “visas de responsabilidad democrática” y ayuda humanitaria que en la práctica fueron rechazadas y sin otorgarles tampoco refugio.

La disputa por el nuevo Chile

Chile vive un proceso de transformación social profundo desde el “estallido social” de 2019 que llevó al plebiscito sobre una nueva Constitución de 2020 dónde el 78% de los votantes aprobó iniciar un proceso constituyente. De esa manera el país eligió una Convención Constituyente con mayoría progresista que es pionera en el mundo por la paridad entre mujeres y hombres, además de incluir la representación de los pueblos indígenas.

En las elecciones de este domingo José Kast se enfrentará a Gabriel Boric, diputado por el Frente Amplio que obtuvo cerca de 26% de los votos en la primera vuelta y quien se presenta como un militante de la izquierda democrática que promete ordenar la migración respetando los derechos humanos, de refugiados y migrantes. Según el último sondeo de Atlas Intel, hay un empate técnico pero con un gran número de indecisos.

El próximo presidente asumirá el poder en un país sumergido en una crisis económica y humanitaria pero que busca construir un nuevo modelo social, político y económico a partir de la Constitución. Esperemos que este modelo incluya el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas y la protección de niños y niñas con independencia de su nacionalidad o estatus migratorio.

Raoní Beltrão do Vale es máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Es defensor de derechos humanos y experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Humanitario y de Refugio. Actuó en la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y trabajó en diversas misiones de la ONU en Guinea-Bissau, Honduras y Chile.
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