Suscríbete

Centroamérica y la nueva administración estadounidense 

Latinoamérica21

Pedro Trujillo
Los países del triángulo norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala) son los que concentran mayor violencia, pobreza, falta de justicia y bajos indicadores de desarrollo en la región, además de Nicaragua, —cada vez se tiene menos información por el régimen autoritario de Ortega— que representa un problema diferente para Washington. Independientemente de las ayudas internacionales, las misiones de paz instauradas en la década de los 90’ y otros esfuerzos realizados, persiste la sensación de siempre estar a punto de iniciarse el proceso para mejorar los indicadores.  
Si se analiza el índice de gobernanza del Banco Mundial se puede observar un dato que también se encuentra, aunque más disperso, en otros índices: los problemas sustanciales a superar son la corrupción y la falta de Estado de Derecho (lo que también aplica para Nicaragua). Sistemáticamente desde el 1996, año en el que inicia el estudio, estas son las dos variables con menor puntuación en los tres países. Dicho en otras palabras y siendo un tanto atrevido: las causas de casi todos los problemas de esos países son la alta corrupción institucional y la ausencia de justicia y cumplimento de las leyes. 

Con un elevadísimo índice de impunidad (Índice Global de Impunidad) es complejo y difícil establecer las bases para el desarrollo. El coste de oportunidad de delinquir en estos países es extremadamente bajo, lo que “anima” a las personas a ignorar las normas ya que esto no suponga un riesgo significativo. Es más, en la mayoría de las ocasiones esto se promueve desde los gobiernos de turno.  

Por ello, tanto en Honduras como en Guatemala han operado instituciones internacionales para combatir la corrupción y, en El Salvador, el presidente Bukele creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Esta comisión fue creada en colaboración con la Organización de los Estados Americanos, al igual que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) iniciada en 2016 y concluida en enero del 2020, aunque diferente a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que operó en Guatemala hasta 2019. 

La necesidad de mejorar la lucha contra la corrupción no es nueva, pero se sigue debatiendo la forma.
En Honduras, además del caso del expresidente Zelaya, se puede citar el de Porfirio Lobo y su esposa o el más reciente del presidente Juan Orlando Hernández, tras la condena de su hermano en USA por temas relacionados con el narcotráfico. En El Salvador, hay que recordar al fallecido presidente Flores, procesado en su momento, así como a Antonio Saca y Mauricio Funes, este último exiliado en Nicaragua. Finalmente, Guatemala tiene un presidente huido y refugiado en Panamá (Serrano Elías), otro muerto antes de que se le pudiera levantar el antejuicio que tenía como alcalde (Arzú), un tercero condenado en Estados Unidos por apropiarse de fondos extranjeros, uno más encarcelado, otro procesado y el último con varios antejuicios y ahora protegido con la inmunidad que otorga ser miembro del Parlamento Centroamericano, después de prestar juramento en un hotel a pocas horas de dejar de ser presidente ¡No debe haber región en el mundo con semejante concentración de casos! 

Debido a este precedente, pero sobre todo por la importancia que la zona tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a temas como el narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado, las diferentes administraciones norteamericanas han prestado especial atención a la zona. 

No obstante, se podría decir que durante la administración Trump se relajó la presión y, consecuentemente, se pueden esperar cambios de la nueva administración Biden. Recordemos que Guatemala, junto con Estados Unidos, cambiaron sus embajadas de Tel-Aviv a Jerusalén y también se firmó un acuerdo de “Tercer país seguro” —a solicitud (presión) de USA— para que Guatemala acogiera migrantes en su territorio en tanto en el norte se tomaba la decisión de qué hacer con ellos.
Una “elegante” forma de disuadirlos. Por su parte, la administración norteamericana permitió que el presidente Morales (2016-2020) expulsara a la CICIG tras una fuerte y abierta confrontación con el secretario general de la ONU. 

No ocurrió así con Honduras, especialmente después de la condena en tribunales norteamericanos del hermano del actual presidente, lo que provocó una reacción muchos más dura contra el mandatario centroamericano al que, incluso, se le adjudica la organización de marchas de migrantes hacia USA que terminó colapsando las instalaciones para indocumentados y provocó graves conflictos en las fronteras con Guatemala y México.  

La administración Biden ha anunciado la voluntad de retomar negociaciones con el objetivo de acabar con la pobreza que genera migración —además de violencia— siempre con el interés puesto en la seguridad norteamericana. Para ello ha “asegurado” la donación de unos 750 millones de dólares para apoyar reformas, si bien el programa más amplio se extendería por cuatro años y alcanzaría un monto de unos 4,000 millones de dólares. En esta nueva ofensiva cabe citar también la Ley de Compromiso Mejorada del Triangulo Norte (HR 2615), aprobada recientemente, semejante a la ley Magnitsky, creada para imponer sanciones a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países. Sin embargo, esta otorga a las autoridades estadounidenses una herramienta específica para enfocarse en los países del Triángulo Norte. 

La nueva administración intentará también promover el desarrollo desde diferentes ópticas: inversión privada, mejora de la seguridad y del estado de derecho y abordar la corrupción endémica y reducir la pobreza. Además, se establecerá en cada embajada estadounidense en los países del triángulo norte, una oficina del Departamento de Justicia y Tesoro y se crearán oficinas de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta iniciativa se asemeja a la eficiente normativa que en su momento propusiera la congresista Norma Torres de origen guatemalteco, con respecto a la identificación de funcionarios públicos que hubieran cometido graves actos de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito en campañas electoras en los países del triángulo norte. 

El nuevo año puede, sin duda, traer importantes novedades para la región centroamericana. Sin embargo, aún hay que aguardar al cambio de gobierno en Estados Unidos. 
 

Pedro Trujillo es profesor y ex Decano de la Facultad de Estudios Políticos, Relaciones Internacionales y Periodismo de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Doctor en Paz y Seguridad Internacional. www.miradorprensa.blogspot.com 
www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de información crítica y veraz sobre América Latina. 
 

Comentarios