Donde varios se quedaron “con el ojo cuadrado”, nos platican, fue en Hidalgo luego de que fue exhibida la regidora morenista de Tizayuca, María del Carmen Reynalda Quesada Aguilera, en plena “comilonga” en el recién inaugurado restaurante Nusr-Et, que es “carísimo y lo que le sigue”, propiedad del chef Salt Bae, y donde también fue balconeado uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Nos refieren que doña María del Carmen tiene un sueldo de unos 53 mil pesos al mes, es tía de la exalcaldesa morenista Susana Araceli Ángeles Quezada (ahora funcionaria de la Secretaría de la Mujer) y no estuvo exenta de causar indignación en el municipio por “la austeridad republicana” que siempre pregonan los morenistas y que siempre olvidan. ¡Sin palabras!

Morenistas no superan resultados en Coahuila

A una semana de los comicios en Coahuila, nos cuentan que se viven los polos opuestos, pues en Morena “hierve el ambiente” mientras en el PRI todo es “festejación”. Nos detallan que algunos morenistas siguen acusando a los priistas de “hacer trampa” y, otros, como el diputado local y excandidato Alberto Hurtado Vera (Morena) acusan a la dirigencia nacional del partido guinda de haberlos dejado a su suerte. Mientras tanto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas (PRI) anda que no cabe de contento, al grado que, entre líneas, ha dicho que el resultado fue un referéndum a su gestión, aunque varios le recomendaron “bajarle dos rayitas”, pues no todo es color de rosa en su estado. ¡Zas!

Defiende legislador de SLP censura disfrazada de IA

El que se puso en plan retador en San Luis Potosí, nos comentan, fue el diputado local Héctor Serrano Cortés (PVEM), promotor de la ley para regular el uso de Inteligencia Artificial (IA) que ha causado polémica por el riesgo para la libertad de expresión, debido a que castiga con prisión el “uso indebido” de esta tecnología en la creación y difusión de contenidos. Nos señalan que don Héctor advirtió que su reforma seguirá vigente mientras la Corte no determine lo contrario, y que no se revertirán los cambios al Código Penal del estado sólo por “presión mediática” o por intereses particulares de unos cuantos, o lo que es lo mismo, “ajo y agua”.

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