En medio de esta pandemia por el Covid-19, se ha abierto la discusión sobre una figura utilizada desde la segunda mitad del siglo XX en distintas partes del mundo, la cual fue regulada en 2012 en nuestra Ley Federal del Trabajo: la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing o tercerización.
La subcontratación es un proceso mediante el cual una empresa contrata a otra para la prestación de determinados servicios, ya sean administrativos u operacionales. Desde el inicio de este gobierno se ha estigmatizado esta figura.
Es cierto que en algunos casos ha sido utilizada de forma abusiva para evadir las responsabilidades laborales, han actuado al margen de la ley y vulnerado los derechos de los trabajadores. Sin duda, este outsourcing abusivo se tiene que corregir con el propósito de favorecer a quienes trabajan bajo esta modalidad.
Todas las personas deberían tener derecho a un trabajo honesto, con jornadas legales, por el que reciban un salario justo, en el que puedan gozar de días de descanso, tener aguinaldo, seguridad social y llegar a su etapa de retiro con el dinero suficiente para vivir una vida tranquila y rodeada de su familia. Ese deber ser lamentablemente en millones de ocasiones no sucede, por abusos, falta de leyes o autoridades incapaces de proveer certeza laboral.
El problema de este gobierno es que ha estigmatizado a tal grado la figura del outsourcing que prefiere eliminarlo del marco jurídico en lugar de realizar modificaciones para que tanto los empleados como los empleadores tengan certeza sobre sus derechos y se generen empleos con apego a la ley.
Según las estimaciones del Banco de México, la economía en nuestro país se contraerá para el próximo año un 9.82%, si a esto se le suma la eliminación de la subcontratación laboral como medio de creación de empleos formales, la crisis económica y social será abrumadora. No se puede pasar por alto que existen alrededor de 4.6 millones de mexicanos que laboran bajo este esquema, según datos del INEGI. Hoy, en medio de esta pandemia, los trabajadores no necesitan una iniciativa polarizada, necesitan que sus derechos sean garantizados.
Esta semana, se abrió un espacio de negociación y diálogo en la Cámara de Diputados, en el que tentativamente se escuchará a servidores públicos, empleados, empleadores y expertos, por lo que se espera que haya sensatez por parte de los legisladores para privilegiar las condiciones de los trabajadores y tengan una fuente de ingreso. También es necesario que los empleadores cuenten con las condiciones suficientes para seguir siendo el motor de la economía del país.
Vienen días cruciales en la Cámara de Diputados y después en el Senado de la República. Deben existir dos prioridades: 1. Prohibir la subcontratación de personal abusiva y 2. Respetar la subcontratación legal que garantiza derechos laborales y permite que millones de mexicanos tengan empleo.
Senadora de la República
