El día de ayer en el Senado de la República, Morena volvió a aprobar una ilegalidad. Ratificaron un decreto de interpretación con el cual vulneran los procesos de participación democrática, es decir, no sólo impactará a la revocación de mandato, también al proceso electoral que se está llevando a cabo en seis estados de la República.
Con esta supuesta interpretación, se considera que la difusión de publicaciones, grabaciones e imágenes, así como las expresiones de las personas servidoras públicas en las que difundan los logros o las acciones implementadas por las autoridades, no constituyen propaganda gubernamental, esto significa que se puede hacer proselitismo por parte del gobierno en pleno proceso electoral.
Este decreto es inconstitucional a todas luces, porque las reglas de los procesos electorales no deben modificarse, cuando menos, 90 días antes de que inicien. Así lo establece nuestro máximo ordenamiento legal que es la Constitución, sin embargo, poco importó a los legisladores de Morena y sus aliados, ya que avalaron esta ilegalidad.
Es como si en el medio tiempo de un partido de futbol, el equipo que va perdiendo decidiera cambiar las reglas del juego nada más porque el marcador no le favorece. Justamente es lo que quiere hacer Morena, donde claramente es el equipo que va perdiendo. Como la revocación de mandato no levanta y ante la falta de resultados les urge seguir promocionando ilegalmente la figura presidencial, tuvieron que aprobar esta supuesta interpretación.
En la sesión del día de ayer se escuchó a algunos legisladores decir que esto no es una reforma, sólo es una interpretación. La verdad es que son inadmisibles estos argumentos, porque este decreto cumple con todas las características de una reforma legal, es más, sigue el mismo proceso que una modificación o creación legislativa. Morena a toda costa, quiere romper con los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales porque no conservan ya sus 30 millones de votos.
Además, están utilizando recursos de manera grotesca en la promoción de la imagen presidencial. En promedio, el costo mensual de un espectacular en la Ciudad de México es de 130 mil pesos. Si el INE ordenó el retiro de 278 de estos espectaculares, llevan gastado, cuando menos, 36 millones de pesos. Eso claro, sin contar las bardas, las vallas, las mantas, los posters, los volantes, las brigadas de promoción y los nuevos espectaculares que siguen subiendo.
En Morena dicen que los ciudadanos son los que han pagado por estos promocionales. ¿En verdad piensan en el partido oficial que esas mentiras se las cree el pueblo de México? Aquí hay de dos: o se están utilizando recursos públicos o es dinero proveniente de la delincuencia organizada, porque con la crisis económica en la que está sumido el país, la gente prefiere llevar comida a sus mesas que andar pagando los caprichos presidenciales.
Sin duda, esto es un precedente peligroso para la democracia de nuestro país y para nuestras instituciones. Nos vemos en la Corte.
