El próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión será, sin duda, uno de los más relevantes de esta Legislatura. No solo por la intensidad de la agenda que se avecina, sino porque en él habrán de tomarse decisiones que inciden directamente en la confianza ciudadana, la solidez de nuestras instituciones y la calidad de la vida democrática del país.
Como ya se ha señalado en este espacio, se espera que durante dicho periodo recibamos la propuesta del Ejecutivo en materia político-electoral.
Desde mi perspectiva, en esa discusión debiéramos atender temas esenciales para el fortalecimiento democrático: garantizar un voto libre y auténtico; preservar la autonomía de las autoridades electorales; prevenir cualquier intento de intervención del crimen organizado en los procesos electorales; y asegurar una verdadera igualdad del voto, de manera que cada sufragio tenga el mismo peso en la conformación del Congreso.
Este contexto exige actuar con altura de miras y con un profundo sentido de responsabilidad institucional. En ese marco, la Cámara de Diputados tiene ante sí dos procesos de especial relevancia que marcarán la agenda del siguiente periodo ordinario. El primero es la expedición, en febrero de 2026, de la convocatoria para el proceso de selección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación. La ASF es una pieza fundamental del sistema de fiscalización del Estado mexicano y un instrumento clave para la transparencia y la rendición de cuentas, funciones que el Congreso tiene la alta responsabilidad de garantizar.
El segundo proceso es la definición de tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Su integración es determinante para asegurar procesos electorales imparciales, confiables y auténticos. En la antesala de un ciclo electoral complejo, contar con un órgano electoral sólido, autónomo y técnicamente robusto es una condición indispensable para preservar la certeza y la legitimidad democrática.
Ambos procesos deben entenderse como ejercicios de responsabilidad constitucional orientados a fortalecer las capacidades del Estado. Son decisiones que demandan rigor, apertura y compromiso con la rendición de cuentas, y que deben traducirse en órganos fuertes, confiables y capaces de cumplir cabalmente sus funciones en beneficio de la vida institucional del país.
Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, reitero el compromiso de impulsar procedimientos transparentes, debates públicos lo más amplios posibles y decisiones apegadas a la ley. Dar solidez a nuestras instituciones es fortalecer la democracia, y esa es una responsabilidad que el Congreso debe asumir con convicción y sentido republicano.