En México, hablar de personas desaparecidas implica visibilizar una lamentable realidad que exige atención del Estado. Detrás de cada registro hay una historia interrumpida y una familia que ha convertido la ausencia en una búsqueda incansable de verdad y justicia por parte de miles de familias. Actualmente, la cifra oficial supera las 132 mil personas desaparecidas.
En este contexto, se ha dado la presentación del informe del Ejecutivo Federal sobre la estrategia de búsqueda y localización, ya que existe una exigencia social que debe ser atendida con urgencia.
El contenido del informe debe analizarse con detenimiento; conocer su metodología es fundamental para otorgar certeza a las familias que buscan a sus seres queridos. La construcción de los datos, los criterios de clasificación y los procesos de validación deben ser públicos para garantizar acciones verificables y efectivas.
El diagnóstico sigue siendo preocupante. La desproporción entre el número de personas desaparecidas y las carpetas de investigación —3 mil 869 registros— evidencia una debilidad institucional significativa. Esta situación se agrava si se considera que, durante la última visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, se advirtió un nivel de impunidad casi absoluto.
Este panorama obligó al Comité a solicitar, el día de ayer, que la Asamblea General de la ONU emita medidas destinadas para apoyar en la atención del problema, ya que -según el propio comité- hay indicios de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Por lo anterior, es urgente reflexionar sobre la capacidad operativa del Estado. Tanto las comisiones de búsqueda, como las fiscalías estatales enfrentan limitaciones evidentes en recursos humanos, materiales y tecnológicos. La saturación de los sistemas de investigación y búsqueda no solo reduce la eficacia institucional, sino que también prolonga la incertidumbre y el sufrimiento de las familias.
A ello se suma el desafío de la identificación forense. En este sentido, la operación efectiva del Centro Nacional de Identificación Humana debe ser una prioridad impostergable, pues es urgente devolver la identidad a quienes han sido encontrados. Frente a este escenario, es indispensable consolidar una coordinación real entre los distintos órdenes de gobierno.
Asimismo, es necesario reconocer la labor de las madres buscadoras, quienes han transformado el dolor en acción y la ausencia en una causa colectiva, muchas veces buscando con sus propias manos y recursos ante la adversidad. En este contexto, destaco la labor de Ceci Flores, ejemplo de resiliencia y de amor inquebrantable. Su historia, marcada por años de búsqueda y por el reciente hallazgo de su hijo, representa un punto de esperanza.
México enfrenta, un reto de Estado que exige coordinación, transparencia y un compromiso sostenido. Atender la crisis de desapariciones implica consolidar una política pública que esté a la altura de la legítima exigencia de las familias. Solo así será posible avanzar hacia un país donde cada persona desaparecida sea buscada con rigor y donde cada familia encuentre, finalmente, respuestas.
Presidenta de la Cámara de Diputados
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