Ayer, después de 24 horas de debate ininterrumpido –en el que hubo 223 oradores, en una de las sesiones más largas y litigadas en la historia de la Cámara de Diputados- se aprobó la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, convencida de escuchar con honorabilidad todas las voces, dirigimos una intensa discusión sobre un tema de la máxima trascendencia: El acceso y uso del recurso hídrico en nuestro país.
El debate sobre el agua no es exclusivo de México; es uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI. En nuestro país, aun cuando la mayoría de los hogares cuenta con una toma de agua entubada, esto no se traduce en un suministro diario o suficiente. En muchas comunidades el servicio llega sólo algunos días a la semana, con baja presión o mediante pipas, lo que obliga a millones de familias a vivir con intermitencias constantes y a cubrir sus necesidades básicas con sistemas alternos de almacenamiento. Esta brecha entre infraestructura y acceso real refleja una problemática estructural que afecta de manera particular a zonas rurales y de mayor marginación.
La Ley aprobada no sólo impacta a las cerca de 600 mil personas que cuentan con un título de concesión; afecta directamente a agricultores, ganaderos, comercios y consumidores finales. Es una ley que en realidad impacta a todas y todos los mexicanos.
En el transcurso de la semana tuve la oportunidad de recibir a representantes del campo de distintos estados, quienes presentaron sus preocupaciones sobre el proyecto de Ley. Dentro de ellas se encontraba la de solicitar más tiempo para su análisis, evitar que se dictaminara sin la debida discusión y garantizar que las comunidades fueran tomadas en cuenta, pues legislar sobre el agua sin consultar a los pueblos originarios, agricultores y productores es legislar sin mirar a quienes más dependen de ella.
En la sesión del Pleno, en mi carácter de diputada, voté en contra y quiero explicar mis razones: en un principio la nueva Ley se presentó como un esfuerzo para construir una visión más humanista del agua, dejando atrás su carácter de mercancía y colocándola en el centro como un derecho humano. También se afirmó que brindaría certidumbre jurídica a los concesionarios, particularmente en materia de sucesiones y en lo relacionado con el binomio tierra-agua. En el discurso, parece un avance, pero en la práctica considero que no es así.
Con el propósito de defender con responsabilidad un bien que es vital para la subsistencia humana, fijé mi posición pública. México necesita una legislación que respete el derecho humano al agua y que garantice, como lo establece nuestra Constitución, su acceso, disposición y saneamiento de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. Nuestro marco jurídico debe ordenar el uso del agua sin vulnerar la continuidad productiva, sin desalentar la inversión y sin introducir discrecionalidad.
Por esas razones voté en contra. México necesita leyes responsables. Este derecho humano al agua se debe construir en cualquier parte del mundo defendiendo un proceso transparente, técnico y serio, a la altura de la importancia que tiene el vital líquido. Porque lo que se definió hoy marcará el futuro hídrico de las próximas generaciones.
Diputada federal