El pasado 20 de febrero se hicieron públicos los informes sobre el gasto en el primer año de gobierno de esta administración encabezada por López Obrador. El informe muestra situaciones alarmantes: se invirtieron más recursos de los estimados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, no hay transparencia de la Secretaría de la Función Pública y claramente se evidencia cómo se han gastado de forma irregular cantidades obscenas de dinero.
Cada año se presenta un Informe Individual y un Informe General Ejecutivo del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, emitido por la Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico que sirve para que los mexicanos sepan qué pasa con los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión y en los órganos constitucionales autónomos. Incluso, cómo se gasta el dinero en las entidades federativas y en los municipios. Esta institución depende de la Cámara de Diputados y desde la Constitución se define su autonomía técnica y de gestión.
A consecuencia de este informe público, lamentablemente y de forma desproporcionada —muy a su estilo— el Presidente de la República arremetió en contra de la Auditoría Superior. El lunes, desde su palestra mañanera, el ejecutivo federal señaló, que él tenía "otros datos".
Los señalamientos realizados por la Auditoría son preocupantes. Sólo por poner un ejemplo, con los 332 mil millones de pesos que se reportó sirvieron para cubrir la deuda por la cancelación del aeropuerto, se pudieron comprar más de 40 vacunas para cada mexicano. Increíblemente, este órgano se retractó y anunció que “existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva”.
Pensar que aún existen órganos autónomos es indispensable. Sin embargo, cuando los medios de comunicación y las redes sociales se volcaron hablando de la auditoría, el titular se doblegó.
Lo que está pasando en la ASF es vergonzoso. Si el informe es erróneo, demuestra su falta de capacidad. Si el informe está bien y al primer manotazo del Presidente, se desdice, demuestra que otro órgano con autonomía técnica se arrodilla ante el ejecutivo federal.
No se puede dejar de lado que el 15 de marzo de 2018, la Cámara de Diputados nombró a David Colmenares Páramo como titular de la ASF para el periodo 2018-2026. Egresado en Economía por la UNAM y un currículum con experiencia en fiscalización de los recursos públicos, logró el voto de 377 diputados. Claramente, contó con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas, lo que haría suponer su imparcialidad, reconociendo que su trabajo no se lo debe a un partido político o a una persona en particular.
Hoy más que nunca, México necesita instituciones autónomas, que sirvan de contrapeso a este gobierno autoritario. Se necesitan órganos fiscalizadores y vigilantes del actuar de esta administración. Se necesitan servidores públicos que no se dobleguen ante los señalamientos del Presidente de la República. Hoy ante tantos desaciertos queda claro que el auditor superior debe renunciar.
