Pemex sigue siendo viable desde una perspectiva estratégica para México, pero su sostenibilidad económica continúa condicionada a reformas profundas en eficiencia operativa, disciplina financiera y gobernanza. La empresa mantiene activos clave irremplazables —reservas, infraestructura y escala productiva— y en 2025 logró estabilizar su producción al compensar la declinación de campos maduros. Sin embargo, esta estabilidad no se ha traducido en una mejora estructural de su rentabilidad ni en una reducción sustantiva de su dependencia fiscal.
La estrategia reciente del gobierno apunta a priorizar la refinación interna sobre la exportación de crudo. En 2025, las refinerías operaron en promedio al 51% de su capacidad, procesando alrededor de 1.014 millones de barriles diarios, una mejora frente a 2024 pero aún por debajo de los objetivos oficiales. Aunque los márgenes de refinación fueron positivos a nivel variable —promediando cerca de 12 dólares por barril—, resultaron insuficientes para cubrir costos fijos y generar rentabilidad neta sostenible. En la práctica, la refinación sigue generando flujos negativos recurrentes.
El costo de esta estrategia ha sido alto. Los ingresos por exportación de crudo cayeron alrededor de 61% en 2025, sustituyendo ingresos relativamente estables por operaciones con resultados financieros ambiguos. Esto ha limitado el flujo de efectivo de Pemex y, por extensión, ha reducido su capacidad de contribuir positivamente a las finanzas públicas.
La deuda financiera se redujo a 84.5 mil millones de dólares al cierre de 2025, una baja cercana al 20% respecto a siete años atrás. No obstante, esta mejora se explica en gran medida por refinanciamientos y apoyos fiscales directos. Tan solo para 2026, Pemex recibirá más de 517 mil millones de pesos para operación e inversión, además de 263 mil millones destinados a amortizaciones. El alivio financiero ha sido real, pero la carga se ha trasladado al balance del gobierno, restringiendo su margen fiscal.
La contrarreforma energética del actual régimen se presenta como un mecanismo para recuperar soberanía, estabilizar la producción y reducir la dependencia externa de combustibles. En este marco, la rentabilidad no es el objetivo central; lo es la seguridad energética. Esta visión encuentra respaldo parcial en los datos. La producción se ha estabilizado y la dependencia externa de combustibles ha disminuido marginalmente. Las agencias calificadoras incluso han mejorado la calificación de Pemex a BB+, la primera mejora en más de una década, sustentada explícitamente en el respaldo de la deuda soberana.
El plan de infraestructura de la Secretaría de Hacienda refuerza esta lógica. La inversión programada para Pemex aumentará cerca de 34% en 2026, hasta 427 mil millones de pesos, enfocada en exploración, refinación y gas, con la meta de alcanzar 1.8 millones de barriles diarios. El problema es que esta postura confunde viabilidad política con viabilidad económica. La promesa de que Pemex dejará de requerir rescates al final del sexenio no es plenamente verificable. En 2026 enfrenta vencimientos de deuda por alrededor de 12.7 mil millones de dólares y una alta dependencia de apoyos fiscales. Sin cambios estructurales, la inyección de recursos corre el riesgo de convertirse en pasivos implícitos adicionales, como han advertido las propias agencias calificadoras.
Pemex puede seguir siendo viable y aportar al país, pero solo si se redefine con claridad su función y se alinean sus objetivos estratégicos con criterios de corte empresarial y no de política demagógica. La empresa no puede sostener simultáneamente metas de soberanía, autosuficiencia, rentabilidad y absorción de política social sin incurrir en tensiones financieras permanentes.
En materia financiera, la reducción de deuda es positiva, pero insuficiente. Mientras Pemex dependa de apoyos fiscales crecientes, seguirá limitando las opciones del gobierno y representando el principal foco de riesgo fiscal. La disciplina operativa debe acompañar cualquier esquema de rescate o apoyo.
Los planes operativos y de inversión presentados recientemente, pueden ser una oportunidad solo si la inversión se traduce en productividad y no en mayores pasivos. Asociaciones con el sector privado, evaluaciones de desempeño transparentes y una separación clara entre objetivos empresariales y políticos no debilitan a Pemex: son la única vía para que deje de ser un riesgo fiscal y vuelva a ser un activo estratégico sostenible.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.