Desde el inicio del conflicto en medio oriente, la volatilidad ha marcado el comportamiento de los precios internacionales del petróleo (WTI y Brent) impulsando en forma directa el precio de la mezcla mexicana de exportación, lo que debería representar una buena noticia para nuestro país. Dada la vocación exportadora mexicana, históricamente, episodios de crudo caro se traducían en mayores ingresos públicos, expansión del gasto y cierto margen de maniobra fiscal. Sin embargo, el contexto actual es distinto, por lo que precios elevados ya no implican necesariamente una mejora directa en las finanzas públicas. La razón es una transformación estructural del sistema petrolero nacional.
En primera instancia destaca la caída sostenida en la producción. En 2025, se produjeron en promedio 1.63 millones de barriles diarios, una reducción de 16% respecto a 2017 y muy lejos de los niveles superiores a 3.4 millones alcanzados a mediados de la década de 2000. Esta contracción no es coyuntural, sino resultado de la declinación de campos maduros y de una inversión insuficiente en exploración. Consecuentemente, incrementar el volumen disponible para generar ingresos ante aumentos en los precios no es una opción de fácil acceso.
A esta restricción se suma un cambio relevante en el destino del crudo extraído. Las exportaciones han disminuido de forma acelerada: en 2025 promediaron 581 mil barriles diarios, frente a mil 174 de 2017, lo que implica una caída cercana a 50.5%. Las exportaciones petroleras pasaron de 20 mil 47 millones de dólares en 2017 a 12 mil 951 millones en 2025, una contracción de casi 35.4%. México exporta menos volumen y obtiene menos ingresos, incluso en un entorno de precios favorables.
Esta reconfiguración responde a la decisión de política energética de la actual administración: priorizar la refinación interna sobre la exportación de crudo, buscando una supuesta “soberanía energética”; sin embargo, esta estrategia tiene implicaciones económicas relevantes. A diferencia de la exportación de crudo, que aporta directamente a los ingresos petroleros, la refinación suele operar con márgenes más estrechos, mayores costos operativos y riesgos logísticos. En otras palabras, el país está sustituyendo una fuente de ingresos relativamente directa por una actividad de menor rentabilidad, amén de que aún se tiene que importar gasolina a precios elevados.
El resultado es una ruptura de la relación entre el precio internacional del petróleo y los ingresos públicos que dan viabilidad a las finanzas del gobierno. Según informes de Hacienda, en 2025, los ingresos petroleros del sector público registraron una caída real de 2.7%. México ha dejado de ser altamente sensible al ciclo de precios para volverse dependiente de su propia capacidad productiva.
En este contexto, los excedentes petroleros —generados cuando el precio observado supera al estimado en la Ley de Ingresos— adquieren una relevancia particular. Según la LIF aprobada, se estableció para fines de cálculo de ingresos un precio de 54.9 dólares por barril, con el impacto del conflicto, la mezcla de exportación ha superado por momentos los 90 dólares. En teoría, estos recursos deben canalizarse a fondos de estabilización, inversión o reducción de deuda; no obstante, en la práctica su uso está sujeto a decisiones políticas y presiones fiscales. La tentación de destinarlos a programas sociales, proyectos prioritarios o compensaciones presupuestarias es elevada.
Aún más importante es la situación de Pemex. Con una deuda financiera cercana a 1.53 billones de pesos —equivalente a alrededor de 4.2% del PIB— y obligaciones significativas con proveedores y los vencimientos próximos, la empresa pública se mantiene como uno de los principales focos de riesgo fiscal. En pocas palabras, Pemex le quita más al erario de lo que le aporta.
El problema de la dependencia es evidente: el país ha construido finanzas públicas atadas al petróleo sin transformar la renta petrolera en capacidades productivas de largo plazo. México enfrenta un mercado petrolero altamente volátil sin contar con una estrategia contracíclica robusta que permita maximizar los beneficios en períodos de precios altos y amortiguar los choques negativos. En lugar de consolidar fondos o esquemas de ahorro a futuro, el país continúa operando con una lógica de corto plazo y de populismo electoral. Baste recordar que, en 2019, al inicio del actual régimen, se contaba con un ahorro de 388 mil millones de pesos en fondos de estabilización, los cuales se agotaron en programas sociales y obras que aún seguimos subsidiando.
La realidad es contundente: surgen valiosas oportunidades derivadas del entorno internacional, pero se carece de una estrategia proactiva para capitalizarlas. La visión de futuro y la capacidad de planeación no es algo que le sobre a México.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.