En 2018, la promesa del hoy titular del Ejecutivo fue que no habría aumento de impuestos en su administración. Hoy a prácticamente tres años de distancia del inicio del sexenio, no queda claro cómo es que México logrará mantener la calificación de su bono soberano y atraer las inversiones necesarias sino es a través del ajuste de la estructura hacendaria.
Ante la debilidad económica que aún persiste, la continuidad esperada en el direccionamiento del gasto público hacia programas sociales que tienen un impacto moderado en la economía y por tanto en la recaudación, proyectos de infraestructura que aún no se consolidan y las fuertes necesidades de financiamiento que tienen las empresas paraestatales, específicamente Pemex y CFE, el gobierno federal requerirá nuevas opciones para hacerse de recursos, máxime cuando se han agotado fuentes como los fideicomisos federales o el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
El gran reto para el gobierno es desarrollar una reforma fiscal que garantice el funcionamiento de las instituciones públicas y el cumplimiento de sus objetivos constitucionales, que permita ejercer el gasto público de manera eficiente y que sea un elemento de certeza y confianza para los diferentes actores económicos, desde los inversionistas, hasta las calificadoras que continúan evaluando la dinámica y funcionamiento de la hacienda, del ambiente de negocios y de las reales posibilidades de éxito de proyectos productivos e inversiones en el mediano y largo plazos.
En términos reales, entre 2018 y 2020, se han recaudado alrededor de 3.1 billones de pesos por año, lo que ha significado entre 13% y 14% del PIB. Es de considerar que el promedio en América Latina, según datos de la CEPAL, es de 22.9% y en el caso de los países miembros de la OCDE es de 33.8%.
De hecho, durante el primer cuatrimestre de 2021 los ingresos tributarios han sido de 1.17 billones de pesos (a precios de 2018), lo que ha significado una caída de -2.8% respecto de lo observado en el mismo periodo de 2020, lo que revela la complejidad de la recaudación en este año.
En este periodo, el ISR decreció -1.8%, el IVA -0.2% y el IEPS -13.2%. Ante este escenario, será importante tener claridad de cuál será la estrategia que implementará el gobierno, con el liderazgo de la Secretaría de Hacienda, considerando que el mensaje oficial ha sido que no se crearán nuevos impuestos.
En cualquier caso, desde la perspectiva de quienes laboramos en Consultores Internacionales, S.C. el objetivo debe ser el fortalecimiento de la hacienda pública, a través de dos estrategias principales, ampliar la base tributaria y generar incentivos a la formalización.
Se trata de un ejercicio de gobernanza, de aprovechar el momento social y político para mejorar los niveles de cumplimiento fiscal, no sólo de las grandes empresas y corporaciones, que en la mayoría de los casos cumplen a cabalidad con sus obligaciones, sino de buena parte de las actividades económicas subterráneas que no son estrictamente ilegales, pero que no cumplen con su carga tributaria y tampoco con contribuciones a la seguridad social.
México requiere con urgencia de acciones de recaudación enfocadas a contribuyentes de aparente baja significancia, a través de esquemas de simplificación tributaria, claridad de riesgos de incumplimiento y beneficios en caso contrario.
Sin duda, este es el momento de actuar, postergar la decisión o dejarse llevar por planteamientos ideológicos sin sustento técnico podría ser un grave error.
Presidente de Consultores Internacionales